Tijuana, BC.

Las golpizas con partes del cuerpo o instrumentos, asfixias con bolsas de plástico, sofocaciones con trapos y agua en boca y nariz, los colgamientos de manos o pies y los toques eléctricos en zonas erógenas de las víctimas es una práctica de servidores públicos que debe erradicarse en esta entidad, advirtieron especialistas del Centro de Derechos Humanos de Baja California (CDHBC).

Durante una conferencia impartida a policías municipales señalaron que en Tijuana se han presentado casos de tortura con presuntos culpables a quienes luego de ser detenidos sufrieron perforaciones o lesiones en el cuerpo, porque son confundidos con homónimos o sujetos que son buscados por la delincuencia organizada y posteriormente obtienen su libertad por desvanecimiento de datos.

Manifestaron que en México la tortura es un delito que provoca estragos imborrables en la vida personal de las víctimas, y lamentablemente en el estado de Baja California estas prácticas son comunes, según denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Publico, juzgados y corporaciones policiales municipales y estatales.

Señalaron que de acuerdo con informes de Amnistía Internacional y de la Organización de Naciones Unidas hay casos registrados en Baja California de víctimas detenidas por militares y agentes policiacos que torturan para obtener información o confesión de la víctima, como preludio de una ejecución o para el entrenamiento sádico del torturador.

Explicaron que en el código penal la tortura es un delito imprescriptible que se castiga con una pena de prisión hasta de 30 años y se considera así al acto intencional de un servidor público de causar daño físico o sicológico a una persona, vinculado al dolor que puede desembocar en la muerte de la víctima.