El titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, informó ayer que autoridades federales y del estado de Morelos definen los protocolos que deberán seguir para identificar los restos humanos hallados el 28 de marzo de 2014 en dos fosas clandestinas del poblado Tetelcingo, municipio de Cuautla.

En los próximos días se anunciará de manera conjunta, y como apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), la forma en que la PGR va a colaborar en este caso, aseguró el funcionario federal durante la instalación de una mesa de trabajo en la que la procuraduría acordó colaborar con las autoridades de Morelos.

Betanzos Torres detalló que la PGR pondrá a disposición de las autoridades locales su laboratorio de servicios periciales, ya que su interés es que se puedan brindar todos los apoyos a la fiscalía estatal y a los familiares de las víctimas.

En Tetelcingo, Morelos, un juez de primera instancia de control juicio oral y ejecución del primer distrito judicial, instruyó al fiscal estatal, Javier Pérez Durón, que notifique a Tranquilina Hernández, madre de Mireya Montiel Hernández –quien desapareció el 13 de septiembre de 2013 en Cuernavaca–, la fecha en que se realizará la diligencia de exhumación en las dos fosas de Tetelcingo.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, dijo que con esta resolución judicial científicos de esa casa de estudios participarán en el proceso de exhumación e identificación de los 150 cuerpos sepultados de manera ilegal en ese predio.

Señaló que el gobierno que encabeza Graco Ramírez y el fiscal, Javier Pérez Durón, se habían negado a aceptar la coadyuvancia de la UAEM, pese a que la institución cuenta con la aprobación de la mayoría de las familias que tienen desaparecidos y sus parientes podrían estar entre los cuerpos enterrados en esas fosas.

Resulta agraviante que las víctimas hayan tenido que recurrir al auxilio judicial ante la negativa de la fiscalía estatal a reconocer el derecho de las víctimas a participar en las diligencias y ser asistidas por expertos, como mandatan las leyes General de Víctimas y la de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, expresó.

Familiares de las víctimas, colectivos que los representan y representantes de la UAEM exigieron al fiscal estatal acatar la instrucción judicial en favor de Tranquilina Hernández Lagunas, “absteniéndose de apelarla y actuando como verdadero representante al servicio de las víctimas, no del gobierno.

(Se debe) iniciar a más tardar el 25 de mayo de 2016 la diligencia de exhumación, con la participación de familiares de las victimas y expertos de la UAEM, y la colaboración de los peritos de las instituciones referidas, exigió el rector.