Por vez primera, autoridades capitalinas, federales y de los estados de México e Hidalgo realizaron un operativo de revisión del transporte público concesionado, tras el cual 129 unidades fueron remitidas al corralón y se aplicaron multas a 48 por carecer de placa, título-concesión, póliza de seguro o licencia-tarjetón, así como por proporcionar servicio pirata.

En la zona conocida como La Joroba, en la carrera México-Pachuca, se colocaron retenes en ambos sentidos de la vialidad para que personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) revisara que los documentos estuvieran en regla, mientras policías cateaban a los hombres en busca de armas.

La detención de unidades provocó largas filas, lo que generó molestias y algunos altercados con los policías, y que decenas de usuarios descendieran y fueran llevados de manera gratuita al paradero de Indios Verdes en autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros y camiones de granaderos.

Carlos Meneses, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad, explicó que como parte de los acuerdos alcanzados la semana pasada en la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad se realizó este operativo sorpresa, de las 8 a las 11 horas, en el cual se revisó que las unidades contaran con los documentos para proporcionar el servicio, que estuvieran autorizadas y garantizar la seguridad de los usuarios.

Israel de Rosas, director general de Centros de Transferencia Modal, explicó que al mes un promedio de 44 millones de usuarios llegan a ese paradero, donde convergen el Metro, el Metrobús y 3 mil 500 unidades de 52 rutas del transporte colectivo de la ciudad y del estado de México.

Las vagonetas que se dirigían a los paraderos de Indios Verdes y La Raza fueron las que tuvieron mayores problemas para acreditar que estaban en orden al presentar, la mayoría, permisos apócrifos para circular con placa metropolitana, dijo Israel Albarrán.

El coordinador de transporte del Invea comentó además que se retiraron dos sitios de taxi que carecían de permiso, por lo que 57 unidades fueron remitidas al corralón, cuyo pago para liberarlas es mayor a 35 mil pesos, y a 40 se impusieron multas.

En el estado de México, 72 vehículos fueron enviados al corralón y se sancionó a ocho, precisó Francisco Quintero, director general adjunto de supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien destacó que esta acción se ampliará a otros puntos de la ciudad para garantizar la legalidad del servicio y seguridad del usuario.