l episodio más reciente de la crisis institucional que enfrenta Brasil es el recurso interpuesto por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ante el Supremo Triubal Federal (STF) para detener el proceso de juicio político que está por iniciarse en el Senado para destituir a la mandataria. Según el documento del Ejecutivo, el destituido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, incurrió en abuso de poder al dar entrada a una petición para destituir a Rousseff, en diciembre pasado, cuando él mismo estaba a punto de ser sometido a una investigación por corrupción. El alegato de Planalto –sede del poder presidencial brasileño– señala que Cunha se sirvió de su cargo para interferir en las pesquisas legales en su contra y parte de ese ejercicio abusivo fue someter a votación la demanda de impeachment.

El sucesor de Cunha en la presidencia de la cámara baja el escurridizo y ambivalente Waldir Maranhão, también acusado de corrupción, dejó sin efecto la votación en la que se aprobó la destitución de Rousseff, aunque horas más tarde se retractó de la decisión. Por su parte, el presidente del Senado, Renán Calheiros, desestimó los vaivenes de su homólogo de la cámara baja y anunció su determinación de poner a votación el inicio del juicio contra la presidenta. Si el resultado fuera aprobatorio, Dilma sería separada del cargo en forma automática durante tres meses, lapso en el cual el Legislativo llevaría adelante el proceso político y el cargo presidencial quedaría en manos del ahora vicepresidente, Michel Temer, quien ya anunció la composición de su gabinete y un programa económico abiertamente neoliberal.

Lo que queda a la vista en el curso de la crisis política es la enorme penetración de la corrupción corporativa en las instituciones brasileñas y su capacidad de operar una suerte de golpe de Estado parlamentario para poner fin al programa político, económico y social del Partido de los Trabajadores, al que pertenecen tanto Rousseff como su antecesor, Inazio Lula da Silva.

Es pertinente considerar, a este respecto, que los cargos imputados a la presidenta son deleznables: haber realizado ajustes presupuestarios perfectamente legales y registrados. Pero tal acusación fue procesada por un Legislativo en el que dos de cada tres integrantes tienen pendientes investigaciones por desvíos, fraudes, desfalcos, cobros indebidos de comisiones o recepción irregular de prebendas.

En la coyuntura se mezclan, pues, motivaciones político económicas de corte oligárquico con afanes de preservación de impunidades, sin descartar la permanente injerencia del gobierno y las corporaciones estadunidenses.

Aunque los opositores no han logrado todavía su propósito de acabar con la presidencia de Dilma Rousseff, ya consiguieron un objetivo acaso inesperado: dar al traste con la credibilidad de las instituciones públicas –particularmente las dos cámaras legislativas– y causar un daño gravísimo a la democracia brasileña.