En un hospital de Durango otorgaron el alta a una paciente el mismo día que dio a luz, pese a sentirse mareada y con malestar general.

El segundo embarazo y parto de Guadalupe habían sido normales. Los días siguientes presentó fiebre y una progresiva pérdida de energía, y al poco tiempo murió, al parecer por un ovario infectado. El próximo 20 de mayo se cumplirán dos años de su deceso, y la familia no ha logrado que el Estado reconozca su responsabilidad; sobre todo, demandan que se otorgue apoyo a los niños que se quedaron sin su mamá.

Ayer se llevó a cabo un tribunal simbólico sobre muerte materna y violencia obstétrica, en el que se presentaron 27 casos de diferentes entidades con una problemática similar, donde el resultado fue la pérdida de los bebés y/o la muerte de la madre.

La anterior es una situación recurrente en el país, y las autoridades no han tenido una actuación contundente contra la mortalidad materna ni para evitar el maltrato obstétrico; tampoco para lograr que las mujeres ejerzan su derecho a la protección de la salud en todos los casos, afirmó Regina Tamez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Con la finalidad de hacer visible el tema y elaborar un informe que se entregará a las autoridades en los meses siguientes, un grupo de afectados presentó su experiencia en los servicios públicos de salud federales y de los estados, principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Seguro Popular, que atienden a la mayor parte de la población.

Ayer también se presentó Lidia para hablar sobre la muerte de su bebé, el año pasado en el Hospital del IMSS en Culiacán, Sinaloa, donde igualmente fallecieron otros recién nacidos por una infección en el área de cuneros. Lidia afirmó que siguen luchando para que se les haga justicia.

De Chiapas, el esposo de Susana expuso el maltrato de que fue víctima por ser indígena. Dijo que atendieron a la señora dos días después de que llegó al hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas y que no permitieron que su suegra la acompañara porque no habla español.

A Susana la hicieron quitarse la ropa sin tener lista la bata del hospital. El personal arrojó al piso sus aretes y pulseras. Nació una niña, pero la mamá falleció, aparentemente por un paro cardiorrespiratorio, informaron los médicos. Dos años después, el gobierno ofreció disculpas, pero la familia sigue esperando que cumpla con la reparación del daño.

El tribunal, integrado por expertas internacionales en salud reproductiva, escuchó los casos de 10 muertes fetales y cinco neonatales; mientras, 24 niños quedaron huérfanos.

Antes de pensar en la universalización de los servicios de salud, el gobierno debe reconocer que las mujeres viven violencia obstétrica e institucional en los hospitales públicos y trabajar para que las mujeres y recién nacidos no mueran. Además, que en los casos en que pretende hacer justicia, que son mínimos, lo haga de forma inmediata, subrayó la directora de GIRE.