ochicuautla representa hoy el cúmulo de atropellos contra un pueblo, el despojo deliberado, las complicidades del Estado con los intereses capitalistas que arrasan con la naturaleza y con las culturas milenarias; se suman aquí los intereses mezquinos que dividen comunidades, y violentan leyes y tratados. Xochicuautla es también hoy sinónimo de resistencia, donde hombres y mujeres ponen, literalmente, el cuerpo frente a la maquinaria que destruye sus bosques, senderos y rutas sagradas. No es poco lo que se juega en estos cerros del pueblo ñhathö (otomí). La empresa Autovan y el gobierno tienen grandes planes para esta región: nada menos que la ampliación de la opulenta zona de Santa Fe, en el poniente de la ciudad de México.

En 2011 llegó por primera vez la maquinaria. Arrasaron con los árboles y empezaron a medir. Dividieron a la gente y comenzaron el hostigamiento contra quienes se niegan a vender sus tierras para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. Cuatro años después, este 9 de julio, llegó el decreto presidencial de expropiación. El decreto, advierte Raymundo Espinoza Hernández, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y acompañante jurídico de Xochicuautla, es ejemplo del uso faccioso del poder público, que manipula instrumentos jurídicos con el propósito de satisfacer intereses privados particulares, mientras simula cumplir con la legalidad, los derechos humanos y la Constitución. El gobierno federal anunció la expropiación, por causa de utilidad pública, de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, en Lerma, estado de México. Espinoza advierte que, aunque el decreto indica que la comunidad fue consultada, es una falsedad, pues lejos de realizarse una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente accesible, se trató de una imposición.

El decreto presidencial refiere, entre otras fallas, que las tierras afectadas son sólo de uso común y agrícola, sin tomar en cuenta los asentamientos humanos, que deben ser protegidos por la legislación agraria y el derecho a la vivienda. La decisión del despojo se preparó provocando primero un clima de tensión con la llegada de los trabajadores de Autovan, quienes arremetieron contra la comunidad y su bosque. La empresa filial del Grupo Higa, la misma que protagonizó el escándalo de la casa blanca, arribó protegida por la policía estatal y derrumbó árboles, como si no tuvieran alma, refieren desde Xochicuautla, donde la lucha entra a una nueva fase y el recuerdo de la batalla de San Salvador Atenco cobra vida.

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