n su resumen ejecutivo el informe UNICEF-Coneval incluye las siguientes

Recomendaciones

El análisis sobre la pobreza infantil demuestra que la población que la padece no es un grupo compacto ni homogéneo, por lo que comprender su heterogeneidad y las disparidades dentro de la propia población infantil y adolescente en situación de pobreza, brinda una base para plantear alternativas que permitan dirigir de manera más eficaz las acciones de política pública para superarla.

En ese sentido, dado que en México tres de cada cuatro infantes o adolescentes presenta al menos una carencia en el eje-cicio de sus derechos, es neces-aria una adecuada combinación de políticas universales que ga-ranticen el acceso a los servi-cios básicos de educación, salud o seguridad social, y de políticas focalizadas que atiendan las necesidades de la población en mayor desventaja, las cuales estén orientadas a contrarrestar las brechas identificadas entre los distintos grupos económicos y sociales. Dicha combinación es clave para contribuir de manera efectiva a evitar la transmisión de la pobreza, la perpetuación de las desigualdades de generación en generación y favorecer el ejercicio universal de los derechos humanos.

(Es necesario) priorizar la inversión en la niñez y la adole-scencia en forma progresiva y continua, y que dicha inversión mantenga la oportunidad y nivel adecuado para cada etapa del ciclo de vida.

Propuestas

A tal efecto de reducción de la pobreza, el estudio propone las siguientes líneas de acción :

* Protección directa de la pob-ación infantil y adolescente para evitar que los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza actúen sobre las nuevas generaciones. Una atención oportuna de las carencias existentes en materia de salud, alimentación y educación pueden ser poderosas herramientas para interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza (Gráfico 5) .

* Los altos niveles de carencia por seguridad social en la población en general, así como en la infantil y adolescente, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos y estrategias para garantizar que las familias puedan acceder y participar en mejores condiciones en el mercado de trabajo, ya que su acceso a la seguridad social genera condiciones de protección ante eventualidades fuera de su control, además de que estos mecanismos facilitarían una cobertura más integral de los servicios de salud. Un desafío de particular relevancia en este sentido es la alta segmentación que presenta el mercado laboral y la magnitud de la carencia en el acceso a la seguridad social que se enfrenta en las localidades rurales, que representa casi el doble de la existente en las localidades urbanas.

* Las disparidades entre las dis-tintas regiones y zonas geográficas indican la necesidad de aplicar con mayor énfasis políticas que respondan a sus características particulares (G-6) . Mientras en el norte del país se pueden establecer medidas directas que profundicen el cumplimiento de derechos de los niños, en el sur se requieren políticas mucho más integrales que, además de contribuir al pleno ejercicio de sus derechos sociales, prevean apoyos para que los hogares en los que habitan tengan un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades. No obstante, independientemente de las intervenciones de política social para atenuar las desigualdades regionales, es poco probable que éstas disminuyan si no van acompañadas de una visión de política económica que potencie las distintas vocaciones productivas y priorice un desarrollo regional más equilibrado.

* Dado que la pobreza es más elevada entre los hogares enca-bezados por personas jóvenes, las políticas laborales deben incorporar en su diseño el impulso a fuentes de trabajo para los jóvenes que les permitan obtener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de sus hogares y para acceder a prestaciones contempladas en la seguridad social.

* Dentro de la población menor de 18 años en situación de pob-reza el subgrupo de edad entre 0 y 5 años presenta la situación de mayor desventaja relativa, lo que sugiere reforzar la articulación e impacto de las políticas de educación, protección, salud y nutrición orientadas a la primera infancia. Además, es importante considerar que la mayor proporción de personas menores de 18 años consideradas vulnerables por carencias sociales se encuentra entre los 12 y 18 años, lo que los convierte en un foco prioritario de atención para las políticas públicas en términos de sus oportunidades educativas y de empleo futuras. Es este un elemento decisivo para contrarrestar la transmisión intergeneracional de la pobreza, especialmente cuando, como lo muestran los datos, sólo dos de cada cinco adolescentes en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria (G-7) .

Aunado a lo anterior, es ne-cesario… que los esfuerzos del Estado y la sociedad para gen-erar oportunidades de empoderamiento en infantes y adolescentes, y que su opinión sea expresada y tomada en cuenta, formen parte del diseño de las políticas públicas respectivas.

En resumen, la generación de estrategias que promuevan el pleno ejercicio de los distintos derechos sociales puede convertirse en una palanca del desarrollo económico y social. Además de las estrategias específicas contra la pobreza, la inversión para mejorar la calidad de la educación, el acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación, la erradicación del trabajo infantil, entre otros, son elementos clave para incrementar la competitividad y ampliar las oportunidades para que niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos, contribuyendo así a la con-strucción de un México más próspero y equitativo.

Opinión

Como es usual en los organismos internacionales y oficiales, sus estudios arrojan estadísticas valiosas y hasta diagnósticos acertados sobre la situación de los países, pero sus conclusiones y propuestas son en general insustanciales y hasta erradas, debido a que no quieren o no se atreven a reconocer que la permanencia (y agravamiento) de los problemas económicos y sociales, en este caso los vergonzosos niveles de pobreza, desigualdad, desempleo, carencias sociales, exacción, abuso y creciente violencia, – ese bullying económico-social al que hacemos referencia– son resultantes inherentes e inevitables de la política neoliberal.

Si después de tres décadas crí-ticas de neoliberalismo fallido y demagogia tecnocrática, México tiene al 54% de sus infantes y jóvenes en estadios de pobreza (G-8); apenas genera uno de cada tres empleos formales necesarios para los jóvenes que se incorporan a la economía activa; muestra un derrumbe consistente en los niveles de vida de la mayoría; expulsa a cientos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños a una emigración incierta, denigrante y criminal; registra saqueos incuantificables de riqueza, recursos naturales y activos productivos; y está a punto de la expoliación mayor de sus hidrocarburos, territorios, recursos hídricos, y capacidad de producción propia de alimentos,… tal vez no sería mala idea ir pensando en una limpia general, agradecer al cártel neoliberal sus servicios, echarlo del poder, y adoptar una estrategia económica para el crecimiento, el empleo y la modernización social; para la preservación de nuestros recursos y para una inserción inteligente a la globalidad.

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