omo sucede desde tiempos inmemorables, los gobiernos (federal y estatales) de esta bella República de discursos cotidianamente ofrecen resultados tangibles en el corto plazo y siempre, según dicen, en beneficio de los mexicanos. Y los hay, sin duda, aunque no en el sentido originalmente comprometido y nunca para privilegiar el bienestar social.

Uno de ellos, concretamente, es el relativo al nivel de bienestar de la población, el cual va de mal en peor, con ganas de agravarse. Ello, porque en los dos primeros años del gobierno peñanietista (y junto a él los estatales que comenzaron su ejercicio en el último tramo de 2012 y los que para entonces estaban en funciones), el resultado social ha sido espeluznante, a grado tal que en ese periodo más de 2 millones de mexicanos se sumaron al de por sí voluminoso ejército de quienes no pueden siquiera adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su ocupación. Y las cifras son oficiales.

De acuerdo con el índice de tendencia laboral de la pobreza (ITLP, en vigor desde 2005), una medición trimestral que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cada día que pasa crece el número de mexicanos que no tiene con qué comprar la canasta mínima alimentaria en un país en el que cotidianamente la propaganda oficial bombardea a la población con inexistentes logros y beneficios para la población.

El Coneval lo define de la siguiente manera: es un indicador que muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Este índice depende del desempeño del mercado laboral y la evolución de la línea de bienestar mínimo y se construye a partir de información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) generada por el Inegi.

Pues bien, con base en dicho indicador, la Universidad Autónoma Metropolitana, por medio de su más reciente Reporte Macroeconómico de México –junio de 2015– y bajo la firma de José Francisco Rodríguez Montoya (economista por la UAM-Azcapotzalco y matemático por la UNAM) detalla que durante los últimos dos años, entre el cuarto trimestre de 2012 y el mismo periodo de 2014, el número de personas en pobreza laboral aumentó en 2 millones 208 mil 42 personas, de las que cerca de 80 por ciento correspondieron al ámbito urbano y 20 por ciento restante al rural. En promedio, pues, cada 24 horas del nuevo gobierno, 3 mil 25 mexicanos adicionales en pobreza laboral.

Apenas dos semanas atrás el hoy convaleciente inquilino de Los Pinos tomó el micrófono en una reunión de la FAO realizada en Roma, Italia y aseguró que con la Cruzada Nacional Contra el Hambre mi gobierno ha logrado reducir a menos de la mitad el número de personas en condiciones de vida por debajo del umbral de pobreza, de tal suerte, dijo, que con voluntad política y una clara identificación de la población objetivo, así como de una estrategia integral que sume recursos y acciones en su favor sí es posible reducir la pobreza extrema y la desnutrición de manera acelerada, sustancial y sostenida.

Es notorio que el susodicho no revisa siquiera la información oficial, y si la conoce pues ni se acuerda, porque el reporte del Coneval (un organismo público) retomado por Rodríguez Montoya, deja en claro que en sus dos años de gobierno (más lo registrado en los sexenios previos que también cacarearon grandes logros en el combate a la pobreza) el número de mexicanos que no tienen con qué adquirir la canasta mínima alimentaria se ha incrementado permanentemente, a grado tal que a estas alturas en tal condición se encuentran más de 44 millones, y contando. Y por si fuera poco, a partir del primero de julio deberán pagar IVA en alimentos procesados –que en los hechos son prácticamente todos–, si es que tienen con qué comprarlos.

El académico de la UAM detalla que la combinación de bajos y estancados niveles salariales con el aumento en el costo de la canasta alimentaria hizo que el número de pobres laborales aumentara en México durante los dos últimos años en más de 2 millones de personas, y este número nos puede dar una idea que cómo vendrán los datos de pobreza en México, que se publicarán en julio de este año, y la expectativa no es nada buena.

Sirva de referencia que desde que el Coneval inició la citada medición (primer trimestre de 2005) el número de mexicanos que no pudo comprar la canasta alimentaria con el ingreso de su ocupación se incrementó en cerca de 30 por ciento: de 34 a 44 millones, de los que 7 millones 561 mil se registraron en el sexenio de Felipe Calderón, es decir, el que a los habitantes de este país prometió vivir mejor.

En el detalle, Rodríguez Montoya apunta que los grados más altos de pobreza laboral se encuentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero en términos absolutos donde más aumentó la pobreza laboral entre 2012 y 2014 fue en Veracruz (723 mil personas más), el estado de México (665 mil adicionales) y el Distrito Federal (sumó 420 mil). En estas tres entidades se concentró 82 por ciento del incremento. En ellas sobrevive el 26.6 por ciento de los mexicanos en pobreza laboral (casi 12 millones de los 44 millones reconocidos como tal, aunque el estado de México destaca por sus casi 6 millones de personas en esa condición).

He allí una prueba fehaciente de lo bien que van las cosas en esta República de discursos, y de los resultados tangibles en el corto plazo, en beneficio de los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Si de promesas incumplidas se trata, en el limbo se mantienen las supuestas investigaciones que realizaría el gobierno federal (según dichos de Gerardo Ruiz Esparza, el firmante original de los contratos leoninos del Viaducto Bicentenario, y Virgilio Andrade, el fantasmal funcionario que también conserva en el éter la presunta indagación sobre la casa blanca de la pareja presidencial y el jacal de Malinalco donde descansa el ministro) en torno a los cochupos de la trasnacional española OHL. Pero como ésta cómodamente sigue en lo suyo, ayer se divulgó una nueva grabación telefónica mediante la cual que queda claro el de$intere$ado apoyo que el equipo de Eruviel Ávila brinda al citado consorcio para que haga lo que le plazca. En ella se registra la voluntariosa labor que realiza la consejera jurídica del estado de México, Luz María Zarza, para proteger los intereses de OHL, que también son los del actual gobierno mexiquense, pero especialmente del anterior.

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