Ankara.

El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, condenó ayer la resolución del Parlamento Europeo (PE) que solicita a Turquía reconocer el “genocidio” armenio de 1915, por considerar que la petición simboliza el aumento del “racismo” en Europa.

“Si quiere contribuir a la paz, el Parlamento Europeo no debería tomar decisiones que inciten al odio hacia cierta religión o grupo étnico”, declaró. Enfatizó: “Este asunto va más allá de la cuestión turco-armenia. Es un nuevo símbolo del racismo en Europa”.

El jefe del gobierno también denunció la presencia, en el seno de la eurocámara, de diputados nacionalistas o de extrema derecha. “Todos los grupos marginales de Europa han logrado hacerse de escaños en el Parlamento Europeo”, lamentó.

Mientras se acerca el centenario de la matanza de millón y medio de armenios cometida por el imperio Otomano en 1915, aumenta la tensión entre Turquía, que rechaza categóricamente la calificación de “genocidio”, y los países e instituciones que insisten en definir como tal esas matanzas.

La matanza

Según Armenia, con la que coinciden numerosos historiadores y países, en 1915 tuvo lugar una campaña de eliminación sistemática que costó la vida a 1.5 millones de armenios, pero Turquía sólo reconoce la muerte de medio millón y asegura que murieron víctimas de grupos armados, deportaciones y hambruna. Para muchos, se trata del primer genocidio del siglo XX y que antecede al Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

Mientras, en París, el primer ministro francés, Manuel Valls, presentó un plan de lucha contra el racismo y el antisemitismo, y denunció su progresión “insoportable” en el país, para el que se destinarán 108 millones de dólares.

“El racismo, el antisemitismo, el odio hacia los musulmanes, los extranjeros y la homofobia aumentan de manera insoportable” en Francia, dijo Valls al recalcar que su gobierno “no dejará pasar” ningún acto de ese tipo. Frente a los extremismos “nuestro deber es organizar una reacción”, afirmó.

El plan, prometido por el presidente François Hollande tras los atentados de París, incluye unas 40 medidas articuladas alrededor de la justicia, la escuela e Internet. La más emblemática es que las sanciones por declaraciones racistas estarán previstas en el derecho penal y no ya en el derecho de la prensa.