Acapulco, Gro., 31 de julio. En su declaratoria final, participantes de la segunda Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) exigieron la cancelación de la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, y de obras similares que la Comisión Federal de Electricidad impulsa en Paso de la Reina, Oaxaca, y Zapotillo, Jalisco, así como 112 minipresas planeadas en Veracruz, además de la revocación de 880 proyectos mineros que beneficiarían a empresas canadienses.

En el segundo y último día de la ANAA, en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, representantes de casi 90 organizaciones no gubernamentales y delegados procedentes de 16 entidades demandaron frenar la expansión de las granjas porcícolas Carroll en el valle de Perote, en Puebla y Veracruz, y que los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México paren los planes de urbanización que amenaza los asentamientos tradicionales.

Los activistas convinieron unificar el movimiento ecologista y anunciaron una gran marcha nacional para el 12 de octubre, a fin de difundir los conflictos ambientales en el país, 15 de los cuales fueron sumados a un expediente que ahora incluye más de 210 casos, según el catedrático Andrés Barreda Marín, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las autoridades promueven la desregulación ambiental para atraer inversión extranjera y ello favorece la sobrexplotación de recursos naturales de los cuales se despoja a las comunidades; pero ante esta tendencia ya se responde con la construcción de una fuerza moral y social que será suficientemente grande para cambiar de rumbo.

Las comunidades afectadas emprenden acciones para contener la destrucción del hábitat sin llegar a la violencia, pues el gobierno podría valerse de ella para diluir el rechazo a los proyectos empresariales, indicó el académico.

Entre las acciones de defensa ecológica Barreda Marín mencionó la emprendida por Israel Robles, quien denunció a la Minera Metalúrgica Tapalpa por descargar en el arroyo de Santa Gertrudis cianuro, arsénico, cadmio y mercurio utilizados para la separación de oro, plata y cinc, lo que ya ha provocado abortos a mujeres y muertes de animales, además de problemas dermatológicos entre los habitantes de Tonaya, Jalisco.

Rolando Espinoza Hernández, del Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, dijo que no se deben abandonar las vías legales, pese a la desesperación de algunas organizaciones, pues también hay instancias internacionales y es posible articular los movimientos ecologistas.

Otras exigencias de la ANAA son derogar las leyes federales de bioseguridad que no prohíben la introducción de semillas transgénicas, cancelar el programa nucleoeléctrico y frenar la deforestación a manos del crimen organizado en la meseta purépecha de Cherán, Michoacán.