Aunque es inminente el rechazo del Senado al Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta, por sus siglas en inglés), negociado por el gobierno de Felipe Calderón, el debate a que dio lugar hizo evidente una cuestión de la mayor importancia para el país: la ausencia de un marco jurídico adecuado a las nuevas realidades económicas y culturales que supone la existencia de Internet.

Durante las reuniones del grupo plural de trabajo creado por el Senado para dar seguimiento al Acta, en el centro de la controversia estuvieron los derechos de autor y la propiedad intelectual. Tanto Jorge Amigo Castañeda, anterior titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), como Manuel Guerra Zamarro, director general del Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor), fueron insistentes en señalar que una de las prioridades del Ejecutivo era proteger tales derechos.

Amigo Castañeda presentó datos de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para sustentar su alarma por los niveles que, con el uso de Internet, ha alcanzado la falsificación y la piratería en México.

Por ejemplo, señaló que siete de cada 10 fonogramas adquiridos en el país son ilegales, lo que ha derivado en la desaparición de 7 mil puntos de venta de música y el despido de 30 mil trabajadores relacionados con la industria. Aseguró que ocho de cada 10 películas en dvd que se venden aquí tienen su origen en estos ilícitos, lo cual ocasiona pérdidas por 350 millones de dólares para el sector.

De acuerdo con el funcionario, de un total de 26 millones de usuarios que se conectaron a Internet, 15.4 millones descargaron 7 mil 523 millones de contenidos protegidos por los derechos de autor, de los cuales más de 526 millones fueron descargados en cibercafés; estamos hablando de cifras que no se nos imaginan.

Pero los críticos del Acta refutan el enfoque y la argumentación tanto de los titulares del IMPI y el Indautor como de los representantes de la industria.

Se trata de un discurso perverso –dice León Felipe Sánchez Ambía, abogado especializado en propiedad intelectual y nuevas tecnologías–, que por un lado criminaliza la descarga y reproducción de música o videos, mintiendo al decir que es un delito: no lo es, la ley lo permite si no se hace con fines de lucro.

El especialista agrega que la industria lleva 20 años hablando de daños sostenidos, pero no hay quien soporte pérdidas de esa magnitud.

Mientras hablan de pérdidas, voltean hacia sus inversionistas y les dicen que tienen ganancias récord.

La cuestión es que todos los estudios sobre piratería son patrocinados por la propia industria; en consecuencia, no son imparciales. Otro punto es que, en el esquema actual, la mayor parte de las ganancias generadas por la música queda en manos de los dueños de la industria y de los administradores de las sociedades autorales, pero es mínimo lo que llega a los creadores.

Como abogado especializado en propiedad intelectual, “no puedo estar en contra de los derechos de autor, de eso vivo; lo que digo es que el actual sistema es anacrónico, las reglas del juego están cambiando, Internet ha venido a romper el modelo de comercialización de la obra.

Desde mi punto de vista, se tiene que promover un sistema que fomente la creatividad y permita a los autores vivir de sus obras, pero eso no se va a lograr mediante la prohibición de descarga y reproducción; se tiene que repensar un nuevo modelo de derecho de autor; el enemigo de la industria y de los autores no es la tecnología ni los usuarios, sino la incapacidad para entender que esto ya cambió y para idear un nuevo modelo de negocios.

María Elena Meneses Rocha, que imparte la cátedra sociedad de la información en el Tec de Monterrey, considera restringida la premisa del Acta según la cual la propiedad intelectual es la base del crecimiento económico, cultural y tecnológico.

En la era de Internet la industria cultural y las interacciones se han ampliado irreversiblemente porque la digitalización permite al internauta entrar al ciclo de producción de cultura.

De ahí el surgimiento del término prosumidor en oposición al de consumidor.

Nadie se opone, aclara la académica, a un debate abierto sobre los derechos de la propiedad intelectual en la era digital, tema irrenunciable de este siglo en el que la tecnología corre más rápido que el conocimiento sobre sus efectos.

Lo que le preocupa a Meneses Rocha es que sólo participen activamente los gobiernos y la industria del entretenimiento, que a nivel global está en manos de unos cuantos conglomerados.

En este choque de paradigmas, alerta, por el control de contenidos en Internet, están ausentes los derechos de los ciudadanos internautas que tienen en la red una esfera de libertad y la ejercen sin cortapisas.

Estar a favor de marcos diferentes para un nuevo paradigma cultural no es estar contra los artistas, es reconocer que el circuito de la cultura como lo conocimos hasta antes de Internet se ha modificado y requiere nuevas formas de entendimiento.