Para cumplir con la resolución de la Suprema Corte que limita el fuero castrense y ordena que los miembros del Ejército que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común, el Senado debe modificar ya el Código de Justicia Militar, reforma pendiente desde el año pasado, advirtió el perredista Pablo Gómez.

Además, en la nueva Ley de Amparo que se dictamina en estos momentos, se debe incluir un capítulo para permitir a todo ciudadano que haya sido víctima de abusos por militares, interponer una queja para que se cambie la jurisdicción y el juicio se lleve en un tribunal civil.

Las bancadas de PRI y PAN en el Senado son las que impiden que avance la reforma al Código de Justicia Militar, recalcó Gómez.

Priístas y panistas han obstaculizado todo avance, dijo, porque los altos mandos del Ejército les han pedido que no legislen en esa materia.

Dijo que entiende los motivos de las fuerzas armadas para oponerse, pero ellas a su vez deben entender que en el mundo existe un movimiento incontenible para derogar el fuero militar y que lo que más conviene al Ejército y la Armada es operar sobre la base de un compromiso indiscutible de protección y defensa de los derechos humanos.

De lo contrario, las fuerzas castrenses pierden autoridad. Sobre la demanda que tres generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) formularon –el pasado miércoles– a los integrantes de la comisión bicamaral del Congreso, de que no se incluya en la Ley de Seguridad Nacional nada sobre el fuero, Gómez consideró que los mandos castrenses tienen razón, toda vez que es en el Código de Justicia Militar donde tienen que incluirse los cambios en esa materia.

Dijo que el proyecto de reforma que el presidente Felipe Calderón envió al Senado en octubre pasado, obligado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de Rosendo Radilla, es insuficiente. Sólo elimina el fuero militar para los casos de desaparición forzada, tortura y violación y deja fuera todos los demás delitos contra civiles.

Hizo notar que el reciente fallo de la Corte incluye toda violación de derechos humanos ligada a la vida y la libertad que hayan cometido los militares obliga a los legisladores a proponer cambios que realmente acoten el fuero, ya que las víctimas no pueden concurrir a un tribunal militar.

Los tribunales castrenses sólo deben operar para delitos contra la disciplina militar, donde todas las partes son militares.

Gómez Álvarez expuso que en la Ley de Amparo que que se analiza en el Senado y cuyo dictamen debe discutirse en cuanto comience el próximo periodo ordinario de sesiones –en septiembre próximo– se debe determinar la capacidad de cualquier persona de impugnar la jurisdicción de los tribunales militares.

Es la única forma para agilizar la resolución de la Corte. No confío en los procuradores, porque no van a ir a los juzgados civiles a presentar a un militar acusado de algún delito contra un particular. Lo que harán es dejar que el procurador militar se encargue del asunto. Ésa es su costumbre y así lo van a seguir haciendo.

De ahí que, expuso, es fundamental que en la nueva Ley de Amparo, las víctimas, los ofendidos por militares y los organismos defensores de derechos humanos puedan ir a un juez federal para que ordene el cambio de jurisdicción, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte. Espero que los senadores del PRI y el PAN estén de acuerdo con esta propuesta que les hemos hecho en días pasados y sobre la cual vamos a seguir insistiendo.

Indicó en que esa ley debe estar en concordancia con la disposición reciente de la Corte.