El Instituto Federal Elctoral (IFE) está sometido a una campaña pública negativa encabezada por las dos principales televisoras del país y sus aliados, con el fin de minar la credibilidad y la confianza en el árbitro electoral, advirtió Alfredo Figueroa, presidente del Comité de Radio y Televisión e integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto.

Junto con el consejero Benito Nacif, Figueroa es uno de los impulsores de los reglamentos y lineamientos que buscan atajar la violación a las normas por parte de los partidos y los concesionarios de medios, durante el proceso electoral federal que empieza en octubre.

Subrayó que los concesionarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) no están discutiendo aspectos técnicos acerca del supuesto impedimento para reducir los tiempos de transmisión de mensajes de los partidos y sus candidatos, uno de los puntos que con mayor énfasis han rechazado los empresarios de los medios electrónicos.

Figueroa dijo que, en realidad, lo que hay detrás de la oposición de Televisa y Televisión Azteca y de otros afiliados a la CIRT es un rechazo a la funcionalidad de los tiempos del Estado, elemento que no es propiedad privada, sino un recurso de los ciudadanos.

No estamos frente a un asunto económico, sino ante un hecho vinculado a las decisiones y a la influencia política y pública de lo que los concesionarios perciben perder en relación con el uso de los tiempos del Estado, indicó.

En entrevista con La Jornada, señaló que contrario a las críticas que ha recibido el IFE por supuestos intereses que han endosado a los consejeros electorales, precisamente lo que se pretende es delinear mecanismos para que no sean la gacetilla ni el producto integrado lo que se intente privilegiar en el proceso de 2012.

Figueroa y el presidente del IFE, Leonardo Valdés, han sostenido –en público y en privado– algunos debates con representantes de las televisoras o con quienes comparten los planteamientos de los concesionarios. Sin embargo, han alertado también que a diario hay un bloque de comentaristas y articulistas que repiten los contenidos y argumentos difundidos por la CIRT, muchos de los cuales –afirman– son falsos.

Los consejeros rechazan, por ejemplo, que el instituto esté en crisis y que exista un problema de credibilidad en su trabajo que pone en riesgo –según la críticas difundidas por la CIRT– los comicios del año entrante.

Señalaron que el trabajo del Consejo General es abierto y transparente, así como el del Comité de Radio y Televisión y el de las comisiones operativas. Me parece bien que esa lupa esté presente; somos servidores públicos y tenemos que rendir cuentas de nuestras acciones y opiniones.

Subrayaron que en el proceso 2005-2007 las televisoras tuvieron la capacidad de transmitir espots apenas horas después de recibir los materiales de los partidos, por lo que consideran prudentes los tiempos fijados recientemente para reducir a tres días este mecanismo. Lo que no han dicho (los concesionarios) es que los tiempos del Estado son de la ciudadanía, por lo que merecen un trato responsable de la industria de la radio y la televisión, señaló Figueroa.