La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer ayer documentos donde confirma que la empresa constructora Gutsa está inhabilitada hasta 2015 para recibir contratos de obra pública, y que aun así el 1° de septiembre de 2010 la empresa Impulso Inmobiliaria Integral (I.I.I.) –que controlan Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía– le amplió el contrato para la construcción de la Estela de Luz en Chapultepec.

El contrato inicial por 400 millones de pesos le obligaba a Gutsa a entregar la Estela de Luz el 21 de agosto de 2010, a tiempo para los festejos del bicentenario, pero dos días antes de que se venciera esa fecha, la propia compañía paraestatal alegó la imposibilidad de cumplimiento debido a que un supuesto estudio de vientos obligaba a corregir las especificaciones técnicas del proyecto.

Sin embargo, explicó el presidente de la comisión legislativa, Pablo Escudero (PVEM), nunca se hizo un segundo estudio de vientos. El único fue hecho antes de adjudicar la obra y por una firma canadiense.

De acuerdo con los contratos, que ayer entregó Escudero, I.I.I. le concedió a la empresa privada un plazo adicional de 481 días y un pago de otros 400 millones de pesos, con lo cual se duplicó el costo del monumento y la fecha de entrega de la obra será el 15 de diciembre de este año.

Archivos del arquitecto Becerril

Ambos documentos forman parte de los archivos que el arquitecto César Pérez Becerril facilitó al legislador para comprobar las irregularidades cometidas en el diseño y desarrollo de las columnas. Escudero dijo que el miércoles de la próxima semana entregará copias del legajo al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, para que determine si inicia una investigación.

El legislador detalló que aun cuando Gutsa recibió un anticipo de 200 millones, cinco días después de que firmó el contrato con I.I.I., para instalar su campamento en la puerta de Los Leones en Chapultepec y comprara material, no pagó 2.7 millones de dólares a la compañía italiana a la que se encargó el acero para las columnas.

Escudero aseguró que aun cuando se cubrió la formalidad de invitar a otras compañías a participar en el proyecto, todo estuvo diseñado para entregarla a Gutsa.

Sostuvo que I.I.I. sabía que Gutsa estaba inhabilitada por el gobierno federal, porque aun cuando en su comunicado conjunto del lunes con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INHERM) asegura que poseía en su favor un amparo, pero al momento de firmar el contrato tenía vigente una sanción por subcontratar una obra que le adjudicó Caminos y Puentes, lo cual está prohibido.

Al respecto, entregó copias del expediente 0156/2007 de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual refiere que si bien Gutsa obtuvo una suspensión provisional el 11 de febrero de 2008 a la inhabilitación de un año que se le impuso a partir del 31 de enero del mismo año, el 21 de abril de 2010 quedó firme la sentencia del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que determinó negar el amparo al ser infundados los conceptos de violación esgrimidos.

La resolución señalaba que como Gutsa gozó de la suspensión durante un mes y 20 días, faltan por transcurrir 10 meses y 10 días a partir de la notificación de la sentencia negativa de amparo (4 de mayo de 2010) a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría, en consecuencia la inhabilitación transcurre nuevamente con inicio de 5 de mayo de 2010 y termina el 15 de marzo de 2011.

El contrato se había firmado por Gutsa e I.I.I dos meses antes.

Asimismo, Pablo Escudero difundió copia del expediente 0010/ 2010 del órgano interno de control del Instituto Nacional de Cancerología, de una inhabilitación contra Gutsa por cuatro años, a partir del 10 de junio y hasta el 10 de marzo de 2015.

La causa de la resolución fue haber presentado propuestas y declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse inhabilitada, no obstante que cuenta con una sanción impuesta por la SFP.