istórico acomodo tardío a una resolución internacional para cancelar el fuero a militares cuando cometan violaciones a los derechos humanos.

Corte mexicana que acepta la condición de Suprema a la Interamericana que desde San José, Costa Rica, le ha ordenado dejar de permitir el régimen de excepción que desde décadas atrás, y en especial en estos años recientes sombríos y sangrientos, ha significado una rotunda condición de impunidad a las fuerzas armadas cuando actúan contra civiles de su propia patria. No es que la Corte mexicana resolviera o decidiera (más que en términos estrictamente procesales), sino que hubo de dar paso al cumplimiento local de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero (de donde fue presidente municipal), que fue detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974, luego visto en donde entonces estaba instalado un cuartel militar, en la misma zona, y finalmente desaparecido.

La desaparición forzada del fuero militar se logró por decisión externa y particularmente por el empuje de familiares, activistas y abogados que sostuvieron durante años una lucha jurídica de fondo hasta llegar a una resolución que no solamente atiende los justos intereses de los directamente afectados, sino que abre una gran posibilidad de que los diarios y crecientes abusos graves de militares y marinos contra la población civil puedan reducirse así sea por el temor de que ahora sean procesados y juzgados en jurisdicciones ajenas a lo castrense.

La ilusión justiciera debe ser, desde luego, matizada y declarada en alerta, pues en el México de la impunidad institucionalizada la pura letra jurídica por maravillosa que sea no garantiza su recta aplicación, y menos si a las naturales presiones, intereses y corruptelas que sabidamente han doblegado de manera casi crónica a esas instituciones judiciales civiles ahora además éstas pudieran estar amenazadas y fueran incluso agredidas cuando de juzgar casos de militares se tratara. Si el Poder Judicial federal no ha podido resistir el poder del narcotráfico (según lo ha denunciado con toda precisión el propio comandante Calderón, quien asegura haber sabido con antelación cuánto dinero le darían a determinado juez por emitir determinada sentencia), fundada es la duda respecto a si será capaz de soportar y superar las posibles formas de coacción extrema que en su contra pueden desatar los armados hombres ahora sujetos a valoraciones civiles.

La tardanza y la virtual complicidad histórica de los más altos miembros del Poder Judicial federal con la violación de los derechos humanos a partir de operaciones militares represivas queda de relieve a partir de la obligada aceptación de la sentencia interamericana (antes, contra guerrilleros y luchadores sociales; ahora, contra un universo impreciso en el que mezclan guerreramente a presuntos narcotraficantes, que aun siéndolo no por ello deben quedar fuera del ámbito de protección jurídica y de necesario procesamiento judicial que debería existir en un país medianamente civilizado que tuviera un Estado medianamente eficaz), pero también si se toma en cuenta que diariamente son reportados en diversos medios de comunicación hechos que sin equivocación muestran graves y constantes agravios a la población civil y a la legalidad supuestamente vigente, mediante allanamiento de moradas en colonias enteras, aprehensiones sin órdenes judiciales, ocultamiento absoluto de información a autoridades civiles y a familiares de víctimas, torturas, lesiones y asesinatos, todo ello sin que los respetabilísimos togados hagan colectivamente algo más que someterse a la fuerza de los hechos y cerrar los ojos con miles de coartadas técnicas.

La supresión del mencionado fuero militar podría significar una oportunidad de recompostura para las también muy lastimadas fuerzas militares, y ahora las marinas, cuya función esencial ha sido trastocada de manera criminal, no por deseo propio, sino por instrucciones desquiciadas de discutibles autoridades civiles que han creado tal caos nacional que no han tenido otro recurso al alcance de sus imperitas manos que ordenar a las leales fuerzas armadas que entren a combatir, con sus métodos y consecuencias, lo que esos civiles no han podido resolver e incluso han complicado al extremo. Enderezadas contra su propio pueblo, llevadas a enfrentar a delincuentes altamente peligrosos (capaces de venganzas inhumanas) no con criterios de prevención y sometimiento, sino de exterminio del enemigo, que es la lógica militar, esas fuerzas armadas pueden encontrar en la sentencia de la CIDH una barrera de protección que les impida seguir exponiendo su prestigio y a su tradicionalmente respetado personal en la comisión de delitos que ya no podrán ser protegidos por los propios jefes militares o marinos.

Astillas

Políticamente cándido (nótese la suavidad de lenguaje que utiliza esta recatada columna) se declaró el abogado Felipe Calderón al continuar ayer con su largo tropiezo reincidente respecto a las relaciones oscuras que ha sostenido con la cacique sindical que ahora pretende eliminar. Dijo que él sí hizo arreglos políticos con Elba Esther Gordillo, pero que no la autorizó para alzarse con el dinero del Issste (mientras tanto, en los estudios de la SEP y la Lotenal se filma: JamEsther Gord, la agente 0.56, con licencia para saquear; una profesora que terminó de licenciada)... Quique Gaviotón dice que no es cierto que él patrocine o aliente el grupo que se denomina Expresión Política Nacional, y que comenzó a entregar credenciales de activismo en un desayuno servido por el gobierno del estado de México en la residencia oficial y en el que el mismo EPN, el individuo, no la Expresión les agradeció su colaboración en los comicios recién pasados... Y, mientras la cúpula del PRI se reúne hoy viendo hacia 2012, y el sábado lo hace la elite del PAN, ¡hasta mañana, con Lujambio perdiendo luz ante la Estela de corrupción bicentenaria!

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