La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR) afirmaron que el Instituto Federal Electoral (IFE) excedió sus facultades al incorporar al nuevo reglamento en la materia la figura de radios comunitarias, que en realidad son transmisoras ilegales que hacen competencia desleal al resto de la industria.

El presidente del comité de estrategia de la CIRT, Emilio Nassar, precisó que los radiodifusores no se oponen a que se autoricen radios comunitarias en lugares aislados y donde realmente no transmiten concesionarios o permisionarios legales.

El problema, dijo, es que quienes aseguran ser radiodifusores comunitarios quieren operar con privilegios en las grandes urbes, con grandes frecuencias y a través de organizaciones no gubernamentales enfocadas a grupos minoritarios, lo que revela que no son comunitarias, aseguró, y abundó que se trata de espacios de transmisión que están saturados, a excepción del Distrito Federal.

Miguel Orozco, consejero de la CIRT, señaló que el IFE se extralimitó al crear la figura de radio comunitaria, ya que eso sólo podría hacerlo el Poder Legislativo a través de modificaciones a la Ley de Radio y Televisión, pero además se trata de una figura innecesaria, ya que esas difusoras caben en el apartado de permisionario o concesionario, como ocurre con las radios indígenas.

Afectación en otros países

El presidente de la AIR, Luis Pardo, explicó que el daño económico que las radios comunitarias o las radiodifusoras ilegales pueden tener en la industria se observó con detalle en Chile, donde la inversión publicitaria pasó de 9 por ciento del total a 6 por ciento; en Argentina no llega a 3 por ciento por ese motivo.

El director ejecutivo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, Carlos Molinero, señaló que en su país la proliferación de radios comunitarias e ilegales motivó que los concesionarios y permisionarios solicitaran a las universidades locales elaborar un estudio para determinar cuántas radiodifusoras pueden convivir en el mercado y sobre todo acceder a las pautas publicitarias. Asimismo afirmó que las radios comunitarias que se reconozcan como tales no deben participar de la publicidad comercial.

En solidaridad con la CIRT, los radiodifusores de la AIR señalaron que el IFE no es la instancia con facultades para modificar la Ley de Radio y Televisión, con la creación de un reglamento que ignoró criterios técnicos, económicos, laborales y legales, así como la intensa competencia a la que se enfrentan en la actualidad, a la que se agrega la competencia desleal de las radiodifusoras ilegales.

Nassar señaló que la creación de la figura de radio comunitaria se basa en argumentos falsos y discursos ideológicos, que dañaría estructuralmente a la industria, y aseguró que durante décadas la radio ha competido por los presupuestos publicitarios frente a la televisión, los periódicos, revistas y otros medios tradicionales. Ahora, además, la competencia por los mercados publicitarios ha crecido de manera importante y sostenida a través de nuevos actores como la televisión de paga e Internet. La oferta de medios ha crecido exponencialmente, sin embargo las fuentes de financiamiento no.

Rcehazó argumentos en contra de los radiodifusores afiliados a la CIRT en el sentido de que hay una alta concentración en manos de unas cuantas familias: 33 por ciento de las frecuencias están bajo operación de grupos concesionarios; 24 por ciento son permisionarios, y 43 por ciento están en manos de radiodifusores independientes.