El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó por notoria improcedencia la queja que presentó un particular contra tres magistrados del quinto tribunal colegiado de circuito en materia civil de la ciudad de México, acusados de presunto tráfico de influencias por favorecer al político Jorge Kahwagi Macari en un juicio que concluyó hace cuatro meses en favor del legislador, revelaron a La Jornada fuentes del órgano disciplinario y administrativo de jueces y magistrados.

El ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, fue el único que analizó el recurso de queja y lo desechó, porque sólo impugnaba los criterios jurídicos emitidos en sentencia judicial por los tres magistrados cuestionados, quienes, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tienen autonomía e independencia para emitir sus resoluciones.

Desde el punto de vista de Silva Meza, los quejosos no acreditaron con pruebas que existiera el supuesto tráfico de influencias, por lo que sólo podrán recurrir a instancias jurídicas internacionales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para demostrar su acusación de que las autoridades mexicanas favorecieron a Kahwagi de manera irregular, en una especie de concierto de favores.

Fuentes del CJF indicaron que los tres magistrados –Walter Arellano Holbelsberger, María Soledad Hernández y Juan Francisco Sánchez– contra quienes se interpuso la queja quedaron libres de cualquier responsabilidad administrativa, y destacaron que ni siquiera fue necesario pedirles que argumentaran en su defensa, porque la queja no procedió.

Los funcionarios de la Judicatura aclararon que no fue necesario revisar las cuentas bancarias de los magistrados, ya que la queja administrativa de los quejosos ni siquiera pudo ser analizada por el pleno del CJF, al resultar notoriamente improcedente.

El caso llegó hasta el CJF luego de que hace cuatro meses Kahwagi Macari ganó un litigio que, de haber perdido, le hubiera implicado el pago de más de 30 millones de pesos a un comerciante al que le debe un préstamo.

Según la queja, los tres juzgadores supuestamente actuaron con dolo y mala fe contra las constancias probatorias de autos judiciales, con el claro propósito de favorecer a la parte demandada (Kahwagi Macari), pero el ministro Silva Meza consideró que los quejosos no presentaron pruebas de sus dichos.