Miércoles 6 de julio de 2011, p. 7
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SG), insistió en la solicitud que hizo el mes pasado el presidente Felipe Calderón para la realización de un periodo extraordinario de sesiones.
Aunque legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución democrática (PRD) han hecho referencia a que ello podría ocurrir en la segunda quincena del mes de agosto, es decir, 15 días antes de que arranque el periodo ordinario, los integrantes del gabinete insistieron en que debe aplicarse celeridad al proceso.
“Concretemos el periodo extraordinario… Saludo la disposición de las distintas fuerzas políticas para concretar a la brevedad un periodo extraordinario”, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora.
El gobierno federal se encuentra listo para contribuir a una discusión de altura de estos y otros temas en el periodo extraordinario y la secretaría (…) estará atenta para facilitar la construcción de los consensos necesarios a través del diálogo y el acuerdo.
De la lista inicial, la SG hizo énfasis en tres, relacionados con las enmiendas política, laboral y de seguridad. Lo anterior permitirá sacar adelante diversas reformas en el contexto de la propuesta que hizo el jefe del Ejecutivo el 15 de junio pasado.
Están dadas las condiciones para no retrasar más la reforma política que dispondrá a favor de los ciudadanos de mayores espacios de participación activa en la definición de los asuntos públicos y permitirá cerrar la distancia entre las necesidades de los ciudadanos y la actuación de sus gobernantes
, dijo.
Se tiene también la oportunidad histórica –añadió Gobernación– de alcanzar la reforma laboral que permita responder a una de las demandas más sentidas de los mexicanos: generar empleos dignos y bien remunerados, al tiempo que permitirá a los jóvenes acceder de manera ágil a un trabajo, así como vigilar y respetar los derechos laborales de las mujeres y atender la problemática del trabajo infantil.
Además, renovar el marco jurídico de actuación de las instituciones de seguridad en la lucha contra el crimen, dotándolas de instrumentos modernos y eficaces que permitan, entre otros aspectos, debilitar las estructuras financieras de quienes realizan actividades al margen de la ley.
En su cuenta de Twitter, Blake escribió: Saquemos adelante las reformas buscando un nuevo marco normativo a las instituciones públicas para el desarrollo del país
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