Diputados y senadores de PRI, PAN, PRD y PVEM demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que empiece una averiguación por presuntos actos de corrupción entre Miguel Ángel Yunes, ex titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, tras cuestionar al también ex candidato de la coalición del PAN y el Partido Nueva Alianza (Panal) al gobierno de Veracruz:

¿Por qué cuando la dirigente magisterial le exigió 20 millones de pesos al mes (para el Panal), (Yunes) no presentó la denuncia correspondiente?.

Esa omisión, advirtió el presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, Pablo Escudero (PVEM), lo hace acreedor a que se le inicie un proceso (sancionatorio) de responsabilidades administrativas.

El ex aspirante a la dirigencia del Panal, Emilio Zebadúa –colaborador cercano de Gordillo–, también cuestionó a Yunes: ¿por qué en su momento no declaró ni hizo nada al respecto?; que lo venga a decir cuatro años después me parece frívolo y temerario.

Sin embargo, desestimó las declaraciones de Yunes, al señalar que no tienen trascendencia; son un chisme.

A la exigencia de que la PGR investigue y audite la gestión de Yunes al frente del Issste, así como las complicidades entre Gordillo y aquél, se sumaron investigadores universitarios, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y representantes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp). Los dirigentes de ésta, entre ellos Bernardo Quesada y Cristina Olvera, acusaron a Yunes del deterioro financiero del instituto.

Coincidió con lo anterior Carlos Jiménez Macías, senador del PRI y ex dirigente del sindicato del Issste, tras calificar como muy grave la denuncia de Yunes, pues se trata de recursos de un organismo con graves problemas financieros.

Al igual que la senadora panista Beatriz Zavala, el priísta exigió una indagatoria, porque es delicado que se considere como normal el empleo del presupuesto de los institutos de seguridad social para fines electorales.

Salió al paso Luis Antonio González, representante del Panal ante el Consejo General del IFE, al aseverar que las finanzas de ese partido ya se revisaron de manera exhaustiva y, según los procesos de fiscalización que se le practicaron, el partido creado por Gordillo no tiene recursos adicionales.

Alegó que el Panal fue el que menos multas tuvo en la reciente revisión hecha por el Instituto Federal Electoral y que los documentos sobre las revisiones de gastos ordinarios y de campaña son públicos: hemos sido un partido transparente, dijo.

La CNTE exigió a la PGR una averiguación por los malos manejos de Yunes, y demandó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que se suspenda el registro del Panal mientras no se aclare la procedencia de los fondos que recibe.

En tanto, el dirigente del Comité Nacional Democrático del sindicato magisterial, Sergio Espinal, agregó que no se puede soslayar que ambos personajes compartieron pactos oscuros en su momento, y criticó que la respuesta de la gestión de Calderón sea la impunidad.

José González Morfín, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, pidió a Yunes que presente la denuncia ante las autoridades competentes, mientras el diputado priísta Heliodoro Díaz afirmó que el político veracruzano muestra muy poco valor civil. Su deber –acotó– era formular la denuncia en su momento.¿Por qué no ha acudido a la PGR u otra instancia?.

En el Palacio Legislativo, el coordinador de PRD, Armando Ríos Piter, opinó: ya empezó el salpicadero. Apremió al gobierno de Calderón a no dejar pasar las denuncias que Gordillo y Yunes han intercambiado.

Las acusaciones entre ambos –estimó– comprueban que el gobierno de Calderón ha tolerado las corruptelas que han caracterizado al SNTE, y planteó que lo dicho por ambos es sólo la punta de una madeja muy grande.

Escudero recordó que la Auditoría Superior de la Federación ha investigado los negocios que al amparo de los festejos del bicentenario de la Independencia realizó el Issste mediante su agencia de turismo, y que involucran más de 7 mil 500 millones de pesos.

La diputada Sofía Castro (PRI) expresó que si Gordillo pedía a su empleado 20 millones al mes, el desvío de recursos es atribuíble a los dos, porque es un asunto de complicidades que debe indagarse.

Por separado, los académicos Telésforo Nava y Ricardo Espinoza, de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidieron en que los dichos de ambos reflejan el acelerado deterioro del sistema político, la omisión e indiferencia de la Secretaría de la Función Pública y la abierta confrontación por el poder. Nava planteó que no podemos descartar que el propio Yunes sirva como instrumento al gobierno calderonista para arremeter contra Gordillo, tras las declaraciones (de la maestra) de la semana pasada.