La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) aún investiga los posibles actos de corrupción cometidos por integrantes del Poder Judicial de la Federación, relacionados con la consignación del secretario de acuerdos Esiquio Martínez Hernández, acusado de enriquecimiento ilícito al detectarse movimientos financieros en sus cuentas bancarias que superaron en conjunto 400 millones de pesos.

Funcionarios del Ministerio Público Federal indicaron que la pesquisa abarca a miembros del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, que dirigía el juez Álvaro Tovilla León, suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el jueves pasado.

Sin embargo, la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, señaló que no podría revelar los nombres de las personas que se investigan ni precisar si se trata de funcionarios del Poder Judicial de la Federación o abogados litigantes con casos en el juzgado noveno de distrito en materia administrativa, pero confirmó la existencia de una indagatoria para establecer si Martínez Hernández se enriqueció en contubernio con otros de sus compañeros.

El pasado 27 de mayo, la PGR ejercitó acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Martínez Hernández, secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, con sede en la ciudad de México, al detectar movimientos financieros totales en una sola de sus cuentas bancarias por 432 millones 536 mil 378 pesos, y en la cual se llegaron a recibir hasta 50 millones de pesos en efectivo en un solo movimiento.

El funcionario judicial ya se encuentra sujeto a proceso, luego de que el juzgado tercero de distrito en materia penal, determinó que existen elementos de prueba para enjuiciarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, de 2003 a 2010 el secretario de acuerdos obtuvo y registró ingresos y egresos superiores a sus percepciones como servidor público, ya que oficialmente percibió 5 millones 444 mil 814 pesos, luego de los descuentos de ley, y eso declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero en su cuenta bancaria había más de 400 millones de pesos.

La investigación de la PGR que sigue abierta, está buscando en las cuentas de varios funcionarios del juzgado noveno detalles que pudieran revelar otros casos de enriquecimiento ilícito en ese órgano jurisdiccional, y el CJF para que no se entorpezcan la indagatoria, decidió el pasado 30 de junio, suspender al juez Álvaro Tovilla.

El impartidor de justicia, con quien laboraba Esiquio Martínez, ha resuelto casos controversiales, entre ellos el de El Encino, que dio origen al juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004.

En marzo pasado, fue el único juzgador que concedió un amparo al Grupo Iusacell en contra de la llamada licitación 21. Sin embargo la resolución fue revocada.

Tovilla León también concedió una suspensión al grupo Corporativo Pedregal Hispamex, empresa encargada de la construcción de la llamada Torre Pedregal, en Lomas de Chapultepec, y con su resolución impidió clausuras a la obra.