l final de su visita oficial, realizada entre el 13 y el 20 de junio, el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, señaló aspectos positivos y negativos respecto del cumplimiento de este derecho por parte del Estado mexicano. El derecho a la alimentación es el que poseemos todas las personas para tener acceso físico y económico, en forma individual y colectiva, a una alimentación en cantidad y calidad adecuada y suficiente.

La realización de este derecho es además indispensable para la reproducción de la vida y el disfrute y ejercicio del resto de los derechos humanos. Sobre este aspecto, el relator expresó su preocupación, porque en México 18.2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza alimentaria. Además, las diferencias entre las áreas urbanas y rurales, y entre las entidades del norte, sur y centro del país, dan cuenta de que aún existe un problema de desigualdad regional importante. Indicó asimismo que no se está cumpliendo el mandato constitucional de un salario mínimo suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, pues aquel representa apenas 25 por ciento de lo que un trabajador o trabajadora requieren para subsistir.

Por otra parte, el relator manifestó que la desnutrición y anemia requieren de atención, pero subrayó que existe un estado de emergencia debido a los problemas de sobrepeso y obesidad que afectan a 35 millones de mexicanos; es decir, siete de cada 10. Frente a esto, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria resulta insuficiente, pues no es un instrumento vinculante de las políticas públicas, y tampoco ha tenido eco en el ámbito legislativo, donde la regulación para controlar la venta de alimentos chatarra en tiendas o cooperativas escolares fue elaborada con bastante laxitud, gracias a la presión de las empresas procesadoras de alimentos. Para su cumplimiento, el derecho a la alimentación requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y el hambre.

En este sentido, el relator fue muy claro al exponer que es necesario mejorar la coordinación entre las instancias gubernamentales y entre los diferentes niveles de gobierno, pues hay inconsistencia entre las políticas sectoriales implementadas en México.

Se detectó además que hay programas agrícolas que benefician a unos pocos agricultores, lo que aumenta la desigualdad en las áreas rurales. Y destacó que las políticas agrícolas favorecen a los estados, municipios y productores locales más ricos. “En 2005 –expresó–, los estados más pobres recibieron sólo 7 por ciento del gasto público agrícola, a pesar de que en ellos había 55 por ciento de la población en pobreza extrema”.

La alimentación debe ser también adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas, ser sustentable y no poner en riesgo la salud de las personas. Sobre estas características, cabe destacar dos de las preocupaciones del relator: la siembra de semillas transgénicas y los megaproyectos. Respecto del cultivo de transgénicos, De Schutter, consciente de la importancia del maíz para la cultura mexicana, reconoció que el cultivo de maíz transgénico plantea graves riesgos a la diversidad nativa de esta semilla. Y, por ello, otra de sus recomendaciones al Estado mexicano fue el regresar cuanto antes a la moratoria de pruebas de campo y cultivo comercial de ese producto, con el fin de proteger la biodiversidad del maíz en su país de origen.

En cuanto a los megaproyectos, el relator externó su preocupación por los despojos causados por los grandes proyectos de desarrollo. En su visita a Temacapulín, Jalisco, donde la comunidad ha resistido durante seis años a la construcción de la presa El Zapotillo, el relator escuchó los reclamos de las personas, a propósito de que 1) la comunidad de 400 habitantes no fue consultada; 2) el proyecto implica inundar la zona, y por tanto desaparecerla; 3) no hay un pago justo por sus tierras; 4) existen amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades, y 5) se pierde un modo de vida, pues la comunidad vive sobre todo de la agricultura.

El relator expresó que la realización de megaproyectos que afectan de tal modo la vida de una comunidad deben ser repensados por las autoridades. Y recordó que el Estado está obligado a respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos, y por tanto a no amenazar u hostigar a las defensoras y defensores.

Los alimentos deben estar además disponibles mediante la explotación de la tierra productiva o por medio de sistemas de distribución, elaboración y comercialización. En torno a lo anterior, De Schutter considera que el Estado mexicano impulsó una especie de segunda reforma agraria para apoyar al campo ante la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mediante programas de apoyo a la producción agrícola y a la comercialización de alimentos.

Sin embargo, recomendó emprender ahora una tercera reforma que incluya una reorientación del gasto público agrícola, para proveer de créditos, servicios financieros y orientación tecnológica a los pobres y pequeños productores. Mencionó igualmente como un avance la reforma constitucional reciente, que reconoce el derecho a la alimentación, aunque aún falta su aprobación por las legislaturas locales y su promulgación.

A lo que hay que sumar también la recomendación de elaborar enseguida una ley marco que impulse una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación. Será importante mantenernos al pendiente de la presentación oficial del informe del relator a finales de este año, y no dejar de insistir en que la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación y la ley respectiva se concreten lo antes posible.