San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de junio. Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón), adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, alertaron hoy sobre un intento de despojo en Alan Sac jun, anexo del ejido, por parte de grupos oficialistas. Asimismo, la comunidad tzeltal denunció abusos y trato discriminatorio de las autoridades carcelarias en Playas de Catazajá hacia los familiares de los presos políticos de la comunidad (conocidos como los cinco de Bachajón, aunque uno de ellos se encuentra en una correccional en Ocozocuautla).

Los ejidatarios acusan de abusos y malos tratos a David Montero Montero y David Arias Jiménez, director y alcalde, respectivamente, del Centro Estatal para la Readaptación de Sentenciados (CERS) número 17, en Playas de Catazajá, así como los custodios de esa penitenciaria, ya que el pasado 26 de junio un grupo de familiares de presos fueron obligados a enseñar sus intimidades cuando querían ingresar a la visita. Los custodios no respetaron la integridad de los familiares, ofendiéndolos verbal y físicamente.

En alusión directa al nuevo secretario ejecutivo del Consejo Estatal para los Derechos Humanos (CEDH), Diego Cadenas Gordillo (quien fuera director del Frayba, y como tal defensor en varias ocasiones de los ejidatarios de la otra campaña de San Sebastián), se preguntan dónde está la lealtad que juró al asumir el cargo días atrás: En su toma de protesta, ¿juró lealtad para el respeto a los derechos humanos, o para servir y cubrir las mañas del mal gobierno? Porque la verdad es que el gobierno pone precio al respeto de estos derechos.

Los ejidatarios exigen trato justo y respetuoso para los familiares de los presos, ya que cuando ingresan al penal se sienten hostigados y amenazados. Demandan que el gobierno demuestre su capacidad para respetar los derechos humanos, y no en vano gaste comprando personal para el consejo estatal, una dependencia más al servicio de la injusticia y máscara del gobierno para realizar actos discriminatorios. Cabe recordar que ya en meses recientes hubo un desencuentro de estos indígenas con los visitadores del CEDH.

Respecto al conflicto en Alan Sac jun, señalan que Manuela Jiménez Pérez se encuentra amenazada con el despojo violento de un terreno que fuera recuperado en 2009 por los ejidatarios, luego de su enajenación fraudulenta en 2008 por el entonces consejo de vigilancia ejidal oficialista, Pascual Pérez Álvaro.

Melchorio Jiménez Gómez y otros cuatro pobladores de Alan Sac jun, anexo del mismo ejido, han estado intimidando a Manuela Jiménez Pérez (actualmente en la comunidad de Cacateel), con la intención de despojarla de un terreno que fue recuperado de manos de Pérez Álvaro, quien había adquirido el predio con recursos obtenidos por el mal manejo durante su gestión, y que luego “fue recuperado por los adherentes de la otra campaña”.

Actualmente, “en complicidad con el comisariado mal llamado de ‘unidad por la paz social’”, los mencionados quieren apoderarse con lujo de violencia del terreno, y los responsabilizan de cualquier agresión física a la señora Manuela y sus familiares, ya que nos consta que el comisariado oficialista ha realizado reuniones privadas para planear el despojo, junto con Melchorio Jiménez Gómez, quien en su carácter de agente auxiliar del centro Alan Sac jun, en 2009 elaboró una constancia de posesión de las tierras a la hoy amenazada.

Los ejidatarios de la otra campaña advierten: No vamos a permitir estos atropellos de las autoridades oficialistas. En caso de cumplir sus amenazas, actuaremos como organización para apoyar a nuestra compañera. Responsabilizan a los oficialistas de lo que pueda ocurrir estos días en las inmediaciones del terreno.