El reglamento de fiscalización que aprobará el Instituto Federal Electoral (IFE) este jueves facultaría al organismo para realizar auditorías in situ por primera vez en campañas presidenciales, a efecto de verificar y contrastar gastos de los partidos, como parte de la pretensión de ejercer mayor control sobre los egresos partidistas.

De igual manera, se pretende que haya informes periódicos sobre el patrimonio de los institutos políticos, a partir de la experiencia que se tuvo con el Partido Socialdemócrata, que presentó importantes complicaciones.

Además, está en ciernes otro enfrentamiento entre el IFE y los concesionarios de radio y televisión por la regulación que pretende aprobar el instituto acerca de la propaganda, en la que sistematiza algunos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y establece controles sobre la publicidad disfrazada que se difundió en forma recurrente en los comicios de 2009, en especial por el PVEM.

Entrevistado sobre los avances en el reglamento, el responsable de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, sostuvo que tras la petición que hicieron el lunes pasado los partidos de postergar la discusión, se superó la mayor parte de las objeciones y podrá debatirse y aprobarse el próximo jueves. Indicó que las dudas versaron sobre la contabilidad patrimonial que, desde la perspectiva del IFE, debe incorporarse a los reportes de los estados financieros de los partidos.

Cristalinas comentó que desde el proceso de liquidación del Partido Socialdemócrata, al IFE le quedó clara la necesidad de tener mayor control sobre los bienes partidistas, de ahí que se impulse incluir ese tema en la reforma reglamentaria. La contabilidad de los partidos es híbrida, a base de flujo de efectivo, y la cuantificación de los bienes con valor razonable es para que se exprese así en un apartado del estado de financiero.

El funcionario del IFE resaltó la importancia que tendrá la verificación in situ para el control del gasto de los partidos en las próximas campañas, pues se trata de un elemento preventivo para disuadir la omisión de reportes de gastos, favorecerá la rendición de cuentas y facilitará la comprobación de egresos.

Cuestionado sobre las medidas específicas para reforzar los controles sobre la posible injerencia de dinero del crimen organizado, aseguró que esa obligación trasciende las responsabilidades del IFE e involucra a otras autoridades, civiles y penales, e incluso de orden interinstitucional con otros organismos electorales locales.

Dijo que el papel del IFE en este rubro es el que determina el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda relacionada con aquellas personas que son consideradas políticamente expuestas (dirigentes de partidos, candidatos y responsables de finanzas partidistas, entre otros).

Subrayó que la colaboración interinstitucional será fundamental para el control del ingreso de dinero ilícito a las campañas. Indicó que si bien hay ámbitos donde el IFE no tiene atribuciones, hay otras herramientas, como verificaciones in situ, investigaciones de campo y uso de información fiduciaria, bancaria y fiscal, para tener mayor control sobre ingresos y gastos de los partidos.