El encargado de la policía de Santa Catarina, Nuevo León, Germán Pérez Quiroz, fue asesinado ayer al mediodía por hombres armados que irrumpieron en su oficina, en la colonia Infonavit la Huasteca.

Fuentes no oficiales indicaron que decenas de personas armadas y encapuchadas, que viajaban en tres camionetas pick up y dos autos compactos, bajaron de los vehículos e ingresaron a la comandancia. Testigos dijeron que los pistoleros llegaron a la oficina de Pérez Quiroz, preguntaron por el director de la corporación, y al identificarse el funcionario como el encargado del despacho, el grupo armado abrió fuego en su contra.

Versiones sostuvieron que después de dar muerte a Germán Pérez, los agresores desarmaron a algunos de sus escoltas y se llevaron a un par de empleados administrativos.

El ahora finado estaba encargado de la policía de Santa Catarina –demarcación conurbada a Monterrey– desde abril pasado, cuando el entonces titular de la corporación, René Castillo, renunció por motivos de salud.

Un policía estatal pereció y tres resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos integrantes del crimen organizado, que atacaron a balazos el edificio del Poder Judicial de la Federación en Jalapa, Veracruz, alrededor de las 23 horas del domingo.

Según el parte policiaco, la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana recibió una llamada de auxilio de los vigilantes del edificio, que alberga oficinas de juzgados y tribunales federales, por un ataque a balazos perpetrado por hombres que llegaron a bordo de varias camionetas. Los agentes que prestaban auxilio fueron recibidos a balazos por los delincuentes, lo que generó un tiroteo que duró una hora.

El conductor de una patrulla, herido de bala, chocó contra la cerca de un edificio, y otros dos agentes también fueron lesionados. Un tercero, cuyo nombre se mantiene en reserva, pereció alcanzado por disparos. Posteriormente los delincuentes huyeron y abandonaron una camioneta, cuyos neumáticos fueron baleados.

En el vehículo se localizaron armas largas, entre ellas dos rifles AK47, granadas de fragmentación y decenas de municiones útiles. El ataque al edificio público se perpetró dos días después de que la Policía Federal capturó en el fraccionamiento Las Ánimas, de Jalapa, a Albert González Peña o Franco Bueno Peña, alias El Tigre, uno de los cabecillas de Los Zetas, a cargo de la plaza en Veracruz.

En Coahuila, el Ministerio Público comisionado al área de homicidios localizó ayer, en cinco diferentes puntos de Torreón, cinco cadáveres de hombres maniatados, con las cabezas dentro de bolsas de plástico, con el tiro de gracia y mensajes del crimen organizado.

El primer cuerpo se encontró a las 00:55 del lunes sobre el bulevar Independencia; el segundo, 35 minutos después en la carretera federal número 46, en el tramo Torreón-Mazatlán, frente a la Universidad Autónoma del Noreste, campus Laguna. A los 15 minutos el tercer cadáver fue descubierto sobre el bulevar Centenario. A las 6:30 de la mañana se halló un cuerpo más en la avenida Matamoros, y en la misma zona Centro de la ciudad, en la calle Treviño, se localizó a la quinta víctima.

Otras 35 personas murieron en hechos que tendrían vínculos con el crimen organizado: 10 en Chihuahua, ocho en Sinaloa, seis en Nuevo León, cuatro en Jalisco, cuatro en Nayarit, dos en Michoacán y uno en Baja California.

Mientras, en la capital de Chihuahua, los presuntos homicidas Acacio Topete, Hugo Hilario Bustillos y Carlos Alberto Rodríguez, considerados muy peligrosos, escaparon a pie la madrugada del domingo del complejo de seguridad pública denominado C4, donde estaban arraigados desde hace seis meses.

En Michoacán, cuatro sujetos que portaban 100 kilos de mariguana, dos armas largas, insignias de la policía de Tarímbaro y propaganda de Los Caballeros Templarios fueron detenidos en ese municipio michoacano.

En Cajeme, Sonora, se detuvo a cuatro presuntos sicarios.

A su vez, el diputado federal priísta por Jalisco Salvador Caro dijo ayer en Guadalajara que ante la existencia de zonas en el país y en la entidad que están en manos del crimen organizado, el Ejército Mexicano debería entrar temporalmente en esas regiones y declararse en ellas estado de excepción temporal.