San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de junio. Autoridades comunitarias y comités de padres de familia de los Bachilleratos Interculturales en la zona Norte rechazaron los planes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para convertir sus escuelas en parte del sistema de Educación Media Superior a Distancia (Emsad). La imposición de esta medida es vista por las comunidades como una manera de discriminación y falta de respeto a las garantías constitucionales.

Las autoridades educativas del estado, añaden los indígenas, presionan a los maestros, personal administrativo y padres de familia para que acepten el cambio de modalidad. Las comunidades están en desacuerdo, pues se tiene una valoración muy positiva del trabajo de estos centros de estudio. En ellos se han formado, en los pasados cinco años, gran cantidad de jóvenes que actualmente cursan estudios universitarios y que reivindican su identidad, elaborando proyectos comunitarios para un desarrollo sustentable, respetando su forma de organización y de la percepción del mundo.

Se sabe que en otras entidades los gobiernos estatales se han hecho cargo de la operación de estos bachilleratos y están abriendo nuevos.

Los bachilleratos interculturales representan una experiencia afortunada en las comunidades, principalmente tzeltales, de Chilón y Yajalón. Desde 2005 existen en Chiapas cuatro bachilleratos interculturales: tres en Chilón (San Jerónimo Tuliljá, Nuevo Progreso y Jol Sac Hun), y uno en Amado Nervo, municipio de Yajalón.

Estos planteles son administrados por el Colegio de Bachilleres de Chiapas y venían operando bajo un convenio entre la SEP y el gobierno estatal. Ahora, la SEP ha decidido revocar el convenio y, según las comunidades inconformes, el gobierno de Chiapas, bajo el argumento de que ya no recibe presupuesto federal, pretende cancelar la operación de estos planteles y convertirlos a la modalidad Emsad.

Una quinta escuela intercultural, en Guaquitepec (Chilón), con mayor antigüedad y de carácter más autónomo, en meses recientes ha visto amenazada su sobrevivencia por caciques oficialistas y presuntos problemas agrarios (ver La Jornada, 15 y 16 de abril).

Los indígenas invocan el artículo 2 de la Constitución, donde se establece que el Estado debe garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, y señalan que el convenio 169 de la OIT, suscrito por el gobierno mexicano, reconoce los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas.

Los comités de Padres de Familia de los Bachilleratos Interculturales demandan al gobierno de Juan Sabines Guerrero los recursos necesarios para que continúen operando estos bachilleratos, y que se homologuen los salarios del personal docente y administrativo, el cual ha recibido un trato salarial discriminatorio.