La inhabilitación por 10 años del ex fiscal para delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, bajo acusaciones de negligencia administrativa, demuestra que las fiscalías especiales creadas para indagar crímenes de lesa humanidad o delitos imprescriptibles, como la desaparición forzada de personas, son un fracaso, una pérdida de tiempo y un pretexto legal para el despilfarro de recursos. Sólo sirven para que el gobierno desacredite a miembros prominentes de partidos políticos de oposición, sostuvo Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas.

El litigante –que encabeza esa organización con más de mil miembros a escala nacional– se pronunció por la creación de comisiones de la verdad en lugar de las fiscalías especiales, pues “la experiencia histórica, en casos como Sudáfrica, con la aparición del apartheid, ha demostrado que ése es el camino más adecuado para cerrar heridas, sin que ello represente dejar de juzgar a los responsables de los crímenes del pasado”.

En su edición de ayer, La Jornada informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó 10 años a Carrillo Prieto y lo sancionó con un pago de más de 11 millones de pesos.

Cuestionado sobre la decisión de la SFP, Jorge Reyes Peralta aseguró que “el tema a debate es que si se ha demostrado que las fiscalías especiales no funcionan, como en el caso de Carrillo Prieto, entonces es necesario impulsar la creación de una comisión de la verdad integrada por ciudadanos con autoridad moral y fuerza social.

Los detractores de las comisiones de la verdad aducen que carecen de facultades de investigación y obviamente no tienen derechos para ejercer acción penal; que carecer de recursos y estar a expensas del Estado les resta autonomía, que con la crisis de seguridad están expuestas a represalias de los investigados, pero los que estamos en favor de su creación sostenemos que es preferible una comisión de la verdad a una fiscalía especial, porque la primera no depende de la estructura del gobierno y sus miembros serán apartidistas, destacó.

Explicó que quienes conforman esas comisiones prestan sus servicios sin remuneración y su funcionamiento depende de recursos asignados por el Poder Legislativo. Esas características garantizan su autonomía; además, la designación de sus integrantes será a propuesta de la sociedad civil, y el decreto que cree la comisión de la verdad debe decidir temporalidad y modo de operar a cargo de un comisionado.

Finalmente, expuso que el problema con las fiscalías es el extremo poder que llegan a tener los fiscales especiales, quien serán los empleados del presidente de la República en turno.