El ex fiscal para delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, fue inhabilitado 10 años por negligencia administrativa y sancionado a pagar más de 11 millones de pesos por la Secretaría de la Función Pública. La posibilidad que tiene de ser declarado inocente es que la sanción sea desechada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Carrillo Prieto, investigador con licencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, y su caso puede ser consultar públicamente.

El ex funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se desempeñó como titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (creada en 2001 y cerrada en noviembre de 2006, por decisión del gobierno de Vicente Fox Quesada), enfrentó al menos cinco expedientes administrativos; en tres de ellos no se encontraron evidencias de su presunta responsabilidad, pero de otros dos resultaron una inhabilitación y una suspensión, la primera por 10 años y la segunda por dos meses.

Entre los expedientes está el relacionado con el periodo 2002-2003 en el cual se detectaron irregularidades financieras –gastos excesivos, sin comprobar, faltantes y hasta pendientes de justificar–, que ascendieron a 28 millones 364 mil 681 pesos, de acuerdo con la auditoría 19/04, practicada en 2004 por la Secretaría de la Función Pública.

Según esa auditoría las inconsistencias superaron en 138 por ciento el presupuesto oficialmente asignado en esos años a la Femospp (12 millones de pesos), señala el oficio AAI-17/771/2004, firmado por Jaime I. Torres, titular del área de auditoría del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR), dependiente de la SFP.

El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados señala que el Órgano Interno de Control de la PGR inició los procedimientos administrativos 683/2007 y 765/2008. En el primero de ellos se resolvió que durante su gestión se registraron violación de leyes y normatividad presupuestal, motivo por el cual fue suspendido dos meses, los cuales abarcaron del 10 de agosto al 18 de octubre de 2010.

Dentro del expediente 765/2008, el Órgano Interno de Control de la PGR encontró que hubo negligencias administrativa por parte de Carrillo Prieto en su paso por la Femospp, y el 11 de agosto de 2010 determinó aplicar una sanción económica por 11 millones 219 mil 238 pesos, y como parte de ese caso, también se le impuso una inhabilitación por 10 años, la cual concluirá hasta el 16 de agosto de 2020.

Estas sanciones pueden ser revertidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa si Ignacio Carrillo Prieto presenta pruebas que acrediten una equivocación por parte de la Secretaría de la Función Pública; en caso contrario, no podrá laborar en el sector público en tanto no concluya su inhabilitación, y en caso de laborar en entidades autónomas como la UNAM, correspondería a la Auditoría Superior de la Federación emitir otra sanción.