La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco), Laura Velázquez Alzúa, manifestó que sin duda hay intereses empresariales detrás de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la norma 29, que busca proteger a los mercados públicos y limita el establecimiento de supermercados.

En un recorrido por corredores comerciales de la delegación Iztapalapa, con la diputada local del PRD Aleida Alavez, confió en que el máximo tribunal del país sea sensible ante el pueblo y las necesidades económicas y no defienda a la riqueza y a los grandes empresarios, porque este país requiere de protección a los micro y pequeños comerciantes.

Velázquez Alzúa consideró que el sector empresarial recurrió a la PGR porque sabía de antemano que los amparos que amagaron con presentar en contra de la norma 29 no iban a prosperar, pues lo único que busca es equidad en la actividad económica.

Ante ello, lamentó la postura que asumió la PGR. Para mí nuevamente da una muestra de irresponsabilidad e insensibilidad ante las necesidades económicas, en este caso, de la ciudad de México, refirió.

La diputada Aleida Alavez, promotora de esta norma, también criticó que la dependencia federal se erija en abogada de las grandes cadenas comerciales y actúe en contra de los pequeños comerciantes.

Aseguró que la Asamblea Legislativa presentará antes del 15 de julio los argumentos jurídicos que dieron origen a esta norma que protege la existencia de los mercados públicos ante el embate de las tiendas de autoservicio y de conveniencia.

Recordó que el objetivo de esta norma es mejorar las condiciones de competitividad de los mercados públicos y proteger el ingreso de cientos de familias que viven de esta actividad en colonias populares.

El espíritu de esta norma, explicó, es procurar una sana convivencia entre las grandes cadenas comerciales y los mercados y pequeños establecimientos.

No podemos permitir que con la apertura de una tienda de autoservicio o de conveniencia se pierdan 300 empleos, contra los 20 subempleos que crean. Nuestro deber es proteger a las clases populares y así lo hacemos, señaló.

Con la acción de inconstitucionalidad, agregó, la PGR demuestra poca sensibilidad y su interés por proteger a los grandes capitales, aunque con ello lesione la economía de las familias dedicadas a esta actividad que apenas subsiste.

De acuerdo con la norma 29, los supermercados, tiendas de autoservicio y de conveniencia sólo se podrán instalar en zonas de uso suelo habitacional mixto (HM) y en vialidades primarias, que representan 2.5 por ciento del territorio del Distrito Federal.