Las bancadas del PRI en ambas cámaras promueven la comparecencia ante la Comisión Permanente del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, a quien responsabilizan de propiciar y encubrir las irregularidades en el Fideicomiso Bicentenario, al que la dependencia transfirió más de 3 mil 500 millones de pesos sin tomar en cuenta las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha formulado a ese proyecto desde 2008.

Aunque la Secretaría de la Función Pública es la dependencia encargada de la evaluación y el control del gasto del Poder Ejecutivo, de manera inconcebible e inaceptable ha incurrido en una serie de acciones cercanas a la ilegalidad, se advierte en un punto de acuerdo, turnado ya a comisiones.

En el mismo, el diputado César Augusto Santiago resalta que la dependencia ha propiciado una serie de movimientos de fondos públicos sin que realmente tenga facultades expresas para ello. Ha solapado, recalcó, el controvertido gasto en el Fideicomiso del Bicentenario y ha mostrado señalada ineficiencia en la tramitación de los más de 400 asuntos que la ASF ha puesto a su consideración para que investigue y finque las responsabilidades que correspondan.

El priísta hizo notar que no es un asunto menor, “porque si de suyo los movimientos de fondos públicos para financiar soterradamente el Fideicomiso del Bicentenario constituyen un asunto digno de la más amplia y profunda investigación, tratándose de la Secretaría de la Función Pública es doblemente delicado.

Hizo notar que subsisten las irregularidades detectadas por la ASF en 2008 respecto a la opacidad de los procedimientos de adjudicación del Fideicomiso Bicentenario, ya que en 2009 se contrató nuevamente al Sistema de Agencias Turísticas Turissste para realizar servicios por 473.2 millones de pesos.

Turissste subcontrató al 100 por ciento con otras empresas, además de que contrató a una compañía para la realización de otras actividades por 580 millones de pesos, sin justificar esa adjudicación.

Nos preguntamos por qué la persistencia de irregularidades y las razones por las que la Secretaría de la Función Pública no hizo nada por corregirlas, aunque tiene la obligación.

Contrariamente, sostiene, el presupuesto de la dependencia tuvo ampliaciones en los años 2007, 2008 y 2009, que fueron transferidas al Fideicomiso Bicentenario.

Se tiene conocimiento de que en el ejercicio 2010 las ampliaciones netas de esa secretaría fueron de mil 215. 3 millones de pesos, de los que 913 millones, que representan 75 por ciento, fueron transferidos al citado fideicomiso.

El monto total de recursos que la Secretaría de la Función Pública ha transferido al Fideicomiso del Bicentenario ascienden a 3 mil 584 millones 600 mil pesos.

El diputado priísta expuso asimismo que, más allá de lo cuestionable de que el monumento para el bicentenario –la estela– sea construido con materiales sumamente caros, de origen extranjero, y que lleve una dilación de año y medio e innumerables problemas de diseño y hasta de ubicación, lo grave es la tozuda decisión de continuar la erogación de una suma cuyo monto total se ignora.