Las resoluciones de los órganos garantes de la transparencia en México (32 locales y uno federal) deben ser definitivas e inatacables, recomendó el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, Frank La Rue.

En un informe que entregó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de ese organismo internacional, propone que se asegure que las resoluciones de esos órganos no sean desafiadas por las autoridades federales y estatales.

Las declaraciones del relator se dan cuando en la Cámara de Diputados sigue detenida, en la Comisión de la Función Pública, la reforma a la Ley Federal de Transparencia que precisamente ordena que las resoluciones del Ifai sean inatacables y definitivas.

En el informe, la ONU reconoce avances en el tema, pero subraya que persisten los desafíos para hacer valer el derecho de acceso a la información. Entre éstos, que el marco institucional y jurídico que garantiza el ejercicio efectivo de ese derecho ante el Ejecutivo federal no siempre existe a nivel estatal y municipal.

Observa que muchas autoridades estatales y municipales parecen desconocer sus obligaciones en la materia y no cuentan con procedimientos específicos establecidos para la ciudadanía ejercer ese derecho de manera real y efectiva.

Advierte que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) sólo supervisa el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia en el Ejecutivo federal, pero los poderes Legislativo y Judicial, y órganos autónomos (UNAM, IFE y otros), no cuentan con un órgano de supervisión independiente.

La ONU indica retrocesos al referirse a los litigios promovidos por autoridades federales y estatales para controvertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Ifai y de los órganos de transparencia de los estados.

Sugiere considerar sujetos obligados por la ley a entidades de interés público, en especial partidos y otros entes que reciben financiamiento público (sindicatos, asociaciones), y plantea profundizar la transparencia en el sistema de aplicación y administración de justicia.