n un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión de ese organismo, Frank La Rue, recomendó que las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) adquieran carácter de definitivas e inatacables, a efecto de que no sean desacatadas por las autoridades; sugirió, asimismo, considerar a las entidades de interés público –en particular a los partidos políticos– como sujetos obligados por la legislación de acceso a la información, y pidió profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia.
Es difícil no estar de acuerdo con los planteamientos de La Rue sobre la necesidad de que el país cuente con mecanismos e instituciones que le permitan avanzar en materia de transparencia –componente indispensable del desarrollo democrático–, sobre todo en un entorno caracterizado por el abuso del poder, el manejo turbio y patrimonialista de los recursos públicos y el desaseo administrativo en las oficinas gubernamentales de los distintos niveles.
Sin embargo, al presentar el fortalecimiento institucional del Ifai y de sus resoluciones como respuesta a estos lastres, el funcionario de la ONU pasa por alto el reciente historial de fallos impresentables que han sido adoptados en el seno de ese organismo, y que ponen en entredicho su papel de garante de la transparencia y la rendición de cuentas a escala federal. Un ejemplo reciente es la decisión, adoptada por los consejeros de ese institituo hace casi un mes, de reservar por 12 años –alegando riesgos a la estabilidad
y a la seguridad nacional
– toda información vinculada con las reuniones entre autoridades mexicanas de inteligencia y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, a contrapelo de la solicitud formulada por particulares. El punto de contraste ineludible de esta decisión es el contenido de los cables diplomáticos difundidos por Wikileaks, en los que se pone de manifiesto una relación de sometimiento de las autoridades nacionales a las estadunidenses, en el contexto de la cual los propios gobernantes han comprometido información delicada para la seguridad del país.
Más inexplicable aún resulta la resolución de clasificar hasta el año 2035 todo documento oficial vinculado con las pesquisas del asesinato del ex candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio –ocurrido el 23 de marzo de 1994–, con el alegato de que la averiguación previa correspondiente se encuentra en reserva y que, como tal, podría ser reactivada en cualquier momento. Semejante argumentación es cuando menos desafortunada, habida cuenta de que ese crimen, en la perspectiva de la formalidad legal, está plenamente esclarecido y sancionado conforme a derecho, y que parece poco probable, por ello, que el propio gobierno reabra por decisión propia las investigaciones correspondientes. En cambio, y ante la ausencia de deslindes claros y convincentes en torno a estos hechos por las autoridades, la decisión del órgano federal alimenta las sospechas de un designio o un pacto de impunidad y hasta de complicidad entre el gobierno actual y sus predecesores, y contribuye a la erosión de la imagen de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Tales precedentes ponen en perspectiva que, más allá de la renuencia de las instancias gubernamentales a cumplir con las resoluciones del IFAI –lo que en efecto constituye un rasgo inadmisible del grupo en el poder–, ese mismo organismo se ha erigido, voluntaria o involuntariamente, en defensor de la opacidad proverbial con que se conduce el grupo en el poder.
En suma, para que las medidas sugeridas ayer por el relator de la ONU tengan sentido, es necesario, como paso previo, que en el seno del propio Ifai se muestre voluntad política para desempeñar la labor que le corresponde por ley: garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, y no encubrir con justificaciones oscuras a las autoridades requeridas de proporcionarla.
