En el Senado se analiza la iniciativa que presentó un grupo de legisladores del PRI y el panista Federico Döring para aprobar la ley para la protección y la promoción de buenas prácticas comerciales. En la propuesta se detalla que las pequeños y me- dianos comerciantes representan 90 por ciento del empleo del país y contribuyen con 20 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Los legisladores priístas –María de los Ángeles Moreno, Ramiro Hernández, David Penchyna y Alma Carolina Viggiano–, así como Döring destacan que en 2004 había 496 mil 841 tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, mismas que se incrementaron a 580 mil en 2009, un aumento de 83 mil establecimientos, es decir, un crecimiento de más de 16 por ciento.

Por otro, explican, las tiendas departamentales y de autoservicio pasaron de 20 mil unidades en 2004 a 26 mil tiendas en 2009, lo que representó un incremento de más de 14 por ciento.

Sin embargo, las tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas emplearon en 2004 a más de 881 mil personas, y para 2009 empleaban ya a más de un millón, en cambio, las tiendas de autoservicio y departamentales pasaron de 531 mil 939 en 2004, a un total de 639 mil 456 en 2009, lo que significa que los pequeños comercios, en su conjunto, dan el doble de empleo comparado con las grandes cadenas.

Los senadores y diputados resaltan en el proyecto de ley que es indispensable garantizar la supervivencia de los pequeños y medianos comerciantes, así co- mo procurar su crecimiento y desarrollo, proveyéndolos de un marco normativo que les brinde seguridad jurídica. Su mantenimiento en la economía nacional es determinante para fomentar un mercado competitivo, ya que en caso contrario, la oferta de mercaderías sería controlada por las grandes empresas, lo que resultaría en un mercado insuficiente.

Los legisladores advierten que actualmente los micro, pequeños y medianos productores, proveedores de las tiendas de autoservicio, enfrentan dificultades para operar ante la fuerza económica de las grandes cadenas comerciales que los obligan a aceptar condiciones unilaterales y desventajosas para seguir en el mercado, o bien, a cerrar sus negocios.

Los legisladores hacen notar que la creciente participación de las cadenas de tiendas de auto servicio que concentran la demanda y consiguen una mayor participación del valor total de la producción vendida, obliga a los pequeños productores, agricultores, ganaderos, industriales, entre otros, y a sus organizaciones, a recurrir a estrategias cada vez más complicadas para lograr que sus productos ingresen y permanezcan en el mercado de las grandes cadenas comerciales.

Los proponentes de la iniciativa subrayan que el problema fundamental que representan las grandes cadenas comerciales radica en las prácticas monopsónicas (desviación del mercado producido por la hegemonía de un comprador, y no de un vendedor como en el caso del monopolio) que realizan y en sus estrategias de compra que incluyen contratos abusivos con sus proveedores que se ven obligados a asumir condiciones de riesgo injustificadas para poder vender sus productos a las grandes cadenas de autoservicio, tales como aceptar el pago en plazos demasiado largos, responsabilizarse enteramente del transporte, aceptar las devoluciones injustificadas de mercancías, así como el pago de publicidad y estantes de exhibición, además de verse en la necesidad de abaratar sus productos hasta niveles intolerables, bajo la amenaza de no poder venderlos en ninguna cadena o establecimiento.

Ante esa situación, los legisladores dicen que se requiere un régimen jurídico que atienda específicamente la interacción de las transacciones entre comerciantes, así como entre éstos y sus proveedores, además de crear una mínima protección contra los abusos de los grandes establecimientos o cadenas comerciales, beneficiando con ello al consumidor final.

Esta ley, destacan sus impulsores, busca frenar la competencia desleal y otras prácticas anticompetitivas. Tiene por objeto proteger y promover las buenas prácticas comerciales, a fin de generar seguridad jurídica, reducir las asimetrías de la información entre los distintos agentes, facilitar la solución conciliada de conflictos entre éstos, sancionar las conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales y contribuir a la salvaguarda de los derechos de los consumidores finales.