Bolívar Hernández Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas, confirmó que la mayoría de las 183 víctimas que fueron inhumadas clandestinamente por integrantes de Los Zetas en el municipio de San Fernando, fueron asesinadas al ser golpeadas con objetos contundentes.

Al ser cuestionado acerca de los municipios que se encuentran bajo control de grupos criminales, sin negar que ello ocurra el procurador respondió que desconoce cuántos territorios están fuera del control gubernamental.

Entrevistado al término de la puesta en marcha del programa Alerta Amber México, que tiene como finalidad la localización de niños extraviados, robados o secuestrados –mientras caminaba hacia su camioneta y señalaba que lo dejaría un avión–, reveló que las autoridades locales y federales continúan buscando narcofosas relacionadas con las 183 personas ejecutadas a finales de marzo pasado.

Hernández Garza señaló que tras el hallazgo de los cuerpos en 40 fosas en San Fernando, por razones de logística era más práctico llevar a cabo el traslado de los restos a Matamoros.

–¿A qué atribuyen ustedes que Los Zetas hayan matado con tanta saña a esas personas?

–Mire, la investigación está abierta en el ámbito federal y local y no ha concluido; entonces no estamos en condiciones de proporcionar una respuesta categórica a la pregunta. Estamos trabajando en ello.

Mire, San Fernando es un municipio más extenso que los estados de Colima y Tlaxcala; es un municipio que tiene límites en el Golfo de México y un considerable número de caminos rurales. La población de San Fernando es de gente que se dedica a la agricultura, la ganadería, el comercio y la pesca. Pero de un tiempo para acá ha llegado gente que no es de San Fernando y si ustedes analizan los nombres que se han manejado (de los 74 detenidos), verán que la mayoría no son nativos de ese municipio.

–Pero las víctimas fueron torturadas, ¿cómo explica eso?

–No hay, en este momento, nada que pueda decir a ese respecto.

–¿Qué opina de lo dicho por el vocero del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré, quien culpó de la violencia en Tamaulipas a las autoridades municipales y estatales por no depurar sus policías?

–El trabajo de depuración de los cuerpos de seguridad está contemplado en la Ley Orgánica del Ministerio Público y están contempladas las etapas de agentes policiales, ministerios públicos y peritos, pero ello se va a llevar dos años.

Injusto, que se vea al estado como la oveja negra del país

En Ciudad Victoria, Guadalupe Flores Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, consideró injusto que la Federación vea a la entidad como la oveja negra del país y que envíe señales de que no hay gobernabilidad, ya que las instancias federales no han enfrentado los problemas de inseguridad.

Destacó que en esta región hay gente de trabajo que lo mismo se ha impuesto a problemas de heladas, sequías y catástrofes naturales, y afirmó que los poderes estatales funcionan en forma ordinaria y trabajan con reformas y programas para colaborar con el gobierno federal. Por eso no se ven los motivos por los que emite señales de que hay ingobernabilidad en esta entidad.

No creo que tengan elementos para descalificar las tareas de los tres poderes y por eso refutamos que quieran considerarnos un estado fallido y frágil, porque se trabaja en la educación, la salud, la generación de empleos y no hemos sido omisos en reconocer los problemas de inseguridad. Mientras que ellos (la federación) quiere echarnos la pelotita.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la diputada priísta Rosa María Alvarado destacó que negar el problema de inseguridad es un absurdo, pero también lo es no reconocer las tareas de los tres poderes del estado.

El perredista Juan Manuel Rodríguez Nieto presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que no se vale que la Federación diga que Tamaulipas es un estado fallido, porque hasta ahora el gobierno de Felipe Calderón ha evadido sus responsabilidades.