on un simple decreto Calderón intenta convertir la educación privada en pública. ¿Suena raro y contradictorio? Sí, en efecto. Actualmente la educación pública la paga el pueblo de México con sus impuestos; con el decreto este mismo pueblo pagará el subsidio vía deducciones de impuestos a los colegios privados desde prescolar hasta bachillerato. ¿Por qué? Porque los que pagan colegiaturas en la educación privada recibirán un rembolso de parte del Estado. ¿De dónde saldrá ese rembolso? De los impuestos que paga la población. En otras palabras, los que se supone que no pagan colegiaturas en la educación pública (que no siempre es tan gratuita como debiera) estarán subsidiando a quienes sí las pagan, pues alguien tiene que cubrir la diferencia entre lo cobrado en los colegios privados y lo que en realidad pagarán al deducir de las colegiaturas el impuesto correspondiente.

Si en el Colegio Alemán, para citar un ejemplo presentado por La Jornada (15/02/11), la colegiatura anual en prescolar es de 57 mil 240 pesos, que los papás tendrán que pagar, el costo real con la deducción será de 43 mil 40 pesos, es decir 14 mil 200 pesos menos en favor del contribuyente. Estos 14 mil pesos por un niño menor de seis años tendrán que salir de las arcas públicas, que se llenan con la contribución fiscal (impuestos, derechos y aprovechamientos) del conjunto de la población, especialmente de la población económicamente activa que, en su mayoría, no puede enviar a sus hijos a los colegios privados pero sí paga impuestos.

La medida de Calderón es, para variar, en beneficio de quienes tienen, en lugar de ser a favor de los más menesterosos, que son la mayoría de la población. Lo que está proponiendo es aumentar aún más las desigualdades sociales en el país. Su propuesta es equivalente a que el Estado le dé dinero al que envía a sus hijos a colegios privados, en tanto que no le da lo mismo a quienes no los pueden pagar y los tienen en escuelas públicas. Aun suponiendo que todos los niños pobres de México recibieran una beca por estudiar desde prescolar hasta bachillerato (que no es el caso), ¿serían de monto similar al que les regresa el Estado a los padres de niños de clase media para arriba, vía deducción de impuestos?

El costo por educar a un niño o un adolescente en la escuela pública es menor al que tiene en el colegio privado. Con la propuesta calderónica lo que se estaría haciendo es incentivar a los padres de familia a inscribir a sus hijos en los establecimientos privados que son, para decirlo sin eufemismos, grandes negocios. Esto es, se intenta privilegiar la educación privada, que es una vieja demanda no sólo de la Iglesia católica desde que apareció la Constitución en 1917, sino también de la archirreaccionaria Unión Nacional de Padres de Familia, contraria desde sus orígenes a la educación laica. Dicho de otra manera, la propuesta atiende una vieja demanda de la más conservadora derecha mexicana, además de beneficiar directamente a la educación privada y a quienes pueden pagarla.

Cuando una medida gubernamental sólo es aplaudida por las organizaciones empresariales no se necesita ser muy perspicaz para entender a quién beneficia. Cierto es que hay trabajadores de regulares ingresos que hacen sacrificios por enviar a sus hijos a instituciones privadas de educación o que algunas de éstas dan becas parciales o completas a los niños y adolescentes de escasos recursos, pero lo que está haciendo el comandante en jefe de las fuerzas armadas es abandonar más de lo que están a las escuelas públicas y beneficiar a las privadas, como negocio y como orientación de la educación.

Así las cosas, el panorama que se vislumbra es un mayor abandono de la educación pública y este fenómeno ya se conoce puntualmente en Estados Unidos, sobre todo a partir del gobierno de Reagan, y sus resultados. Allá la probabilidad de que un egresado de escuelas públicas pudiera llegar a las universidades privadas era y es muy baja, y todavía más baja si se trata de las universidades de prestigio mundial. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña y en otros países donde se ha privatizado la educación. Sólo en la apariencia se extienden las oportunidades para que más niños y adolescentes estudien, en escuelas privadas o públicas, pero en realidad lo que se pretende hacer es favorecer a las primeras más que a las segundas y a quienes tienen ingresos para enviar a sus hijos a las privadas más que a los que carecen de esa posibilidad. El proyecto vigente es diabólico: la idea es que los pobres estudien en malas escuelas para que sigan siendo pobres, para que no tengan la capacitación suficiente para ingresar en las universidades de prestigio, para que no se cuelen en el mercado de trabajo con sus buenas calificaciones, para que tengan, si los consiguen, trabajos mediocres y de pocas exigencias. Así es ya en Estados Unidos. ¿Por qué no en México también? Cualquiera que tenga mi edad sabe que antes eran mejores las escuelas públicas que las privadas. Ahora ya no, las públicas han sido abandonadas a funcionar con lo mínimo, lo mínimo en todo.

En un país donde la educación pública (básica y media) está en los suelos y en manos de un millonario sindicato corrupto, lo que tendría que hacerse es fortalecer esta educación, dotarla de mejor infraestructura y mejores maestros y, desde luego, hacerla verdaderamente obligatoria hasta por lo menos el bachillerato. La obligatoriedad de la educación primaria y secundaria es, en México, una norma incumplida, como bien se sabe. Y esto se debe no a que las escuelas públicas sean formalmente gratuitas sino a que muchos niños son fuerza de trabajo indispensable para configurar el ingreso familiar: si estudian no pueden trabajar y si lo hacen al mismo tiempo que estudian serán malos estudiantes. Así les irá en la vida, ya de por sí difícil por la falta de empleos. Una de sus soluciones es becar a los niños y adolescentes, convertirlos en estudiantes de tiempo completo y ayudar a las familias para que puedan prescindir de ellos como fuente de ingresos adicionales. Pero esto es lo que no se hace, salvo de forma muy limitada, por no decir demagógica.

Calderón quiere ganarse a las clases medias inconformes. Las altas ya están muy contentas. No a otra cosa responde la intención de su decreto. Pero el resultado, de llevarse a cabo, será catastrófico para el país. Las desigualdades sociales aumentarán todavía más.

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