San Cristóbal de las Casas, Chis., 13 de febrero. El organismo ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste denunció que las acciones de hostigamiento y provocación contra los ejidatarios de San Sebastián Bachajón (Chilón), que culminaron con el despojo violento de la caseta de acceso a las cascadas de Agua Azul, han sido perpetradas impunemente por grupos oficialistas, pertenecientes a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) o vinculados con ella.

El organismo civil exige el cese inmediato de cualquier apoyo y cobertura gubernamental a ejidatarios oficialistas y a integrantes de  la Opddic, y destaca: No podemos desvincular las acciones represivas del gobierno estatal de los intereses nacionales y trasnacionales por apoderarse de los territorios indígenas chiapanecos, ricos en recursos naturales estratégicos. Su intención es privatizarlos para multimillonario lucro de empresarios y políticos asociados. Este negocio se disfraza con “el engañoso esquema de ‘pago por servicios ambientales’”.

Maderas del Pueblo sostiene que, aun siendo negado por las autoridades, el botín en disputa es el agua y la belleza escénica de esa zona, que sería el trasfondo de estas impunes agresiones. Argumentándose “un falso ‘ecoturismo’ (en realidad un elitista turismo escénico y de aventura)”, y bajo la cobertura legal pero ilegítima de Área Natural Protegida.

El análisis recuerda la Declaración de Comitán, elaborada por el ex gobernador Roberto Albores Guillén y firmada en 2006 ante notario público por el entonces candidato perredista Juan Sabines Guerrero, comprometiéndose a incluirla en su plan de gobierno. Dicha declaración se pronunciaba por construir un nuevo Cancún en el norte de Chiapas, pues el gobierno federal debe comprometerse a desarrollar en los próximos años un programa turístico integral que comprenda Palenque, Agua Azul, Misol-há, Toniná, Yaxchilán, Bonampak y Playas de Catazajá.

En su análisis documental, Maderas del Pueblo recapitula que el pasado 3 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria 117 indígenas adherentes de la otra campaña, y fueron objeto de graves irregularidades durante su captura y a lo largo de su encarcelamiento, sufriendo amenazas y maltratos. Ese día, mientras los ejidatarios se encontraban reunidos acordando una respuesta al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de una mesa de diálogo, un gran número de policías estatales “realizaron un operativo sorpresa que dio como resultado la detención masiva, persiguiendo a los que buscaban refugio en las casas de los vecinos”.

Por su parte, Felícitas Treue, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) consideró que se violaron los derechos a la integridad personal, a la presunción de inocencia, al debido proceso, garantías judiciales y protección judicial en el caso, y al denunciar la privación arbitraria de la libertad a los ejidatarios, señaló que entre otras irregularidades, no contaron con abogado ni intérprete calificado, y fueron amenazados por policías estatales y hostigados por el Ministerio Público.

El CCTI apunta que el 5 de febrero pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado liberó a 107 ejidatarios, y el día 11 se declaró formalmente presos a diez más, y coincide con el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (La Jornada, 13-02-11) en su preocupación por los ejidatarios tzeltales.

El día 6, el gobierno de Chiapas anunció una mesa de diálogo entre las partes, sin la presencia de los ejidatarios de la otra campaña, quienes sostienen que no se respetó un existente proceso de diálogo interno para el acuerdo comunitario. Además de que fueron despojados violentamente de la caseta de cobro por un grupo de ejidatarios gobiernistas, la policía ocupa sus tierras y 10 indígenas, entre ellos un menor de edad, permanecen presos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 17, bajo las acusaciones de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del Estado (expediente penal 39/2011).