El general brigadier Manuel Farfán Carriola, quien tenía un mes de haber sido designado titular de Seguridad Pública municipal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue asesinado a balazos la noche del pasado miércoles en dicha localidad, en una emboscada en la cual también dieron muerte a su escolta Guillermo Álvarez Hernández, y al subdirector operativo de la dependencia, Raúl Rivera Molina.

Según fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, el general y su equipo de seguridad se desplazaban por Nuevo Laredo en tres vehículos oficiales, y cerca de las 23 horas del pasado miércoles fueron sorprendidos por sujetos no identificados en la calle Venezuela, a la altura de la avenida Plutarco Elías Calles.

Los informantes consideraron que el ataque pudo haber sido obra de alguna célula de los dos cárteles que se disputan esta zona fronteriza. Entre las líneas de investigación se considera que los responsables de los homicidios serían integrantes del grupo delictivo Los Zetas, pues miembros de esa banda fueron abatidos el miércoles por elementos de la Secretaría de Marina en las instalaciones del Lienzo Charro de Nuevo Laredo.

De acuerdo con funcionarios el municipio de Nuevo Laredo, que fue bastión de Los Zetas hasta el año pasado, hoy está en manos del cártel del Golfo, lo que generó la ola de violencia en esa ciudad.

El Ministerio Público Federal, a través de su delegación en Tamaulipas, inició la averiguación previa PGR/ TAMS/NL-I/0428/2011 por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en contra de quien resulte responsable, dejando en manos de las autoridades locales el delito de homicidio, aunque se involucrarán en el esclarecimiento de ese ilícito.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Morelos dio a conocer la cancelación de tres investigaciones que mantenía contra Farfán Carriola, quien fue secretario de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano de Cuernavaca, acusado de ejercicio indebido del servicio público, amenazas y hostigamiento sexual.

El procurador Pedro Luis Benítez Vélez explicó que cuando las personas fallecen, lo que procede es el sobreseimiento de todas las acciones que existían.

A su vez, el gobierno de Tamaulipas lamentó la muerte de los tres servidores públicos y las graves lesiones de los seis escoltas sobrevivientes del atentado. Jaime Morelos Canseco Gómez, secretario general de Gobierno, expresó las condolencias de la administración que encabeza el gobernador Egidio Torre Cantú, quien señaló que la procuraduría estatal trabajará de manera coordinada con las autoridades federales en la investigación del citado incidente.

Por otra parte, el gobierno de Tamaulipas informó que 14 de los 26 niños que fueron abandonados entre martes y miércoles anteriores en tres sitios diferentes de Nuevo Laredo, aparentemente luego de que sus padres fueron levantados por miembros del crimen organizado, ya fueron entregados a algunos de sus familiares. Solamente 12 de los menores permanecen bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del mencionado municipio.

Los menores fueron encontrados en varios puntos de la vía pública de la ciudad de Nuevo Laredo, recogidos por policías municipales y entregados al DIF local. Aunque la Procuraduría tamaulipeca inició una averiguación penal, no se han reportado avances en la indagatoria.

Por lo pronto, fuentes extraoficiales en el interior de la Procuraduría estatal sostuvieron que los padres de los 26 niños serían halcones del crimen organizado, y los captores de sus progenitores les perdonaron la vida a los pequeños.

Con información de Gustavo Castillo