El empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, y su hermano, Genaro Federico, han sido citados por autoridades judiciales 19 veces y no se han presentado a declarar como testigos en el juicio contra Juan Linares Montúfar, presidente del consejo de vigilancia del sindicato minero, por lo que el juez decimosegundo de distrito de procesos penales federales ordenó ayer que ambos sean arrestados si no comparecen hoy en el Reclusorio Oriente.

Ello porque están citados para este día y nuevamente llevaron a cabo acciones para no comparecer.

Así, dicho juez emitió una resolución que plantea que como los empresarios han puesto obstáculos por medio de terceros e incluso se ha impedido al actuario ingresar al inmueble de Grupo México, con el fin de evitar que Germán y Genaro Larrea sean notificados y hasta han devuelto cédulas de notificación, ahora se les conminará a hacerlo o enfrentarán un arresto de 36 horas.

Desde el ofrecimiento de la prueba hasta el momento de la promoción del juicio de amparo los atestes (testigos) fueron citados nueve ocasiones; posterior a ello 10 más. En 10 de esas 19 se les conminó con una medida de apremio consistente en multa, la primera por 15 días y las restantes por 100 días de salario mínimo general vigente en la zona, explicó el juez.

Esa situación llevó al juzgado a considerar que la sanción no ha tenido la fuerza coercitiva para hacerlos declarar, pues finalmente el resultado de esa imposición, la medida de apremio, sólo se traduce en detrimento patrimonial en su perjuicio, y ello no les causó molestia, pues contra todas esas determinaciones nunca existió inconformidad alguna.

La instancia judicial consideró que ahora la medida de apremio será un arresto por 36 horas, pues el plazo tiene mayor impacto en el ánimo de los testigos para cumplir con las determinaciones judiciales, para así lograr que se presenten a declarar, so pena de ser restringidos de su libertad personal.

La resolución determina que la administración pública federal y el Poder Judicial de la Federación han erogado recursos materiales y humanos en una búsqueda innecesaria, pues se realizó en todo el país para concluir que por lo menos en uno de los domicilios originalmente proporcionados por la defensa y uno más que se obtuvo de esa investigación, ello además de que han provocado un detrimento de la impartición de justicia pronta y expedita.