La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresaron su rechazo a que se vuelva a instaurar en la Constitución la pena de muerte, al considerar que los altos índices de violencia se deben al incumplimiento de las penas y la impunidad, y que aplicar ese castigo a delincuentes, como propone el Partido Verde, constituye “una salida fácil”.

Convocado al primer foro de debate sobre delitos graves, cadena perpetua y pena de muerte, en la Cámara de Diputados, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, dijo que el “respeto a la vida y todo aquello que privilegie la dignidad de las personas (es) la esencia del estado de derecho”, y las autoridades son las principales obligadas “a observarlo, sin excepciones”.

A su vez, el director de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Gerardo Gil Valdivia, sostuvo que la violencia ha marcado a la sociedad mexicana y por ello su sensibilidad ha cambiado en los años recientes, pues la delincuencia organizada “ha demostrado que tiene capacidad para enfrentar con toda su fuerza al Estado, con actos extremos y aterrorizando a la población”.