Contratos colectivos, derecho de huelga y reparto de utilidades,
en la mira de la STPS

¿Reforma laboral o patronal? La propuesta oficial circula subrepticiamente

Javier Lozano Alarcón, titular de Secretaría del Trabajo y Previsión Socia Foto Jesús Villasecal

Patricia Muñoz Ríos y Carolina Gómez

Los sindicatos que quieran establecer un contrato colectivo de trabajo con una empresa deberán presentar una solicitud por escrito al patrón…”, señala la propuesta para la nueva reforma laboral. Plantea también cambios en los requisitos para emplazar a huelga y que se “exente del pago de reparto de utilidades” a prácticamente todas las instituciones del sector financiero nacional como bancos, uniones de crédito, casas de cambio, aseguradoras, afianzadoras y fideicomisos.

La propuesta prevé modificar diversos artículos, como es el caso del 126 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para que no estén obligadas a pagar utilidades las sociedades nacionales de crédito, los organismos auxiliares, sociedades de ahorro, arrendadoras, casas de factoraje, instituciones de seguros y fianzas, fondos y fideicomisos públicos, entre otras.

En este contexto, la disyuntiva que se cierne sobre el sector obrero este primero de mayo, segunda conmemoración del Día del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón, es si habrá reforma laboral o patronal.

Diversas organizaciones sindicales consideran que el proyecto “amenaza” derechos laborales fundamentales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) defiende que por primera vez se podrá introducir en la ley el concepto de “trabajo decente”; que habría regulación de empresas terciarias o de “outsourcing” y agencias de colocación; que se apoya la no discriminación laboral para mujeres embarazadas y se sanciona el acoso sexual en las empresas, así como el trabajo infantil. Además, se compromete a no tocar el artículo 123 constitucional, el derecho de huelga y la libre sindicalización.

La dependencia no ha presentado una iniciativa de reforma laboral de manera oficial, pero ya todas las centrales obreras, sindicatos, abogados laborales, reporteros y especialistas del sector tienen un disquete que contiene el equivalente a 194 hojas de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo elaborado por la secretaría.

Ésta no niega ni desmiente que sea auténtico el documento, y los más sagaces señalan que fue la misma autoridad la que lo circuló para ver la reacción en el sector.

En medio de estas filtraciones, las dudas y versiones no confirmadas proliferan en varios ámbitos.

Foto José Carlo González

–¿Ya sabe que la nueva reforma laboral apunta que cuando una empresa o establecimiento haya celebrado un contrato colectivo con un sindicato, no podrá haber más sindicatos? –preguntó recientemente un reportero a un dirigente, quien le respondió con otra pregunta.

–¿Y sabe usted que una de las propuestas es que se modifique la ley para que en adelante los representantes obreros ante las juntas sean abogados titulados y de buena reputación?

Así, en distintos escenarios se comenta y analiza una iniciativa que ni siquiera se ha presentado oficialmente, pero de la cual todos hablan e incluso ya fue bautizada como “reforma Lozano”, en referencia al titular de la STPS.

En esa propuesta se incorporan planteamientos para que se cambie la tabla de enfermedades de trabajo; que los patrones puedan dar aviso de despidos a los trabajadores de manera directa, por medio de las juntas de conciliación o incluso que se pueda hacer por correo certificado.

También se propone que patrones y trabajadores convengan la movilidad laboral para que estos últimos puedan desempeñar labores o tareas conexas o complementarias y se les pague por ello, y que cuando un sindicato expulse a un agremiado la empresa esté en libertad de despedirlo.

En los aspectos novedosos para los trabajadores, los cambios sugeridos son que los patrones proporcionen a sus empleados alimentación sana y nutritiva dentro de su jornada laboral; que los sindicatos rindan cuentas sobre el manejo de los recursos cada seis meses y ante asamblea, y que esta obligación no pueda ser dispensada.

Apunta que las trabajadoras embarazadas podrán mover sus periodos de incapacidad según lo requieran, y que la Procuraduría para la Defensa del Trabajo pueda citar a las partes en conflicto a comparecer.

Javier Lozano Alarcón, titular del Trabajo, puntualizó recientemente que la pretensión es tener la “reforma posible, no la deseable”, y dijo que se le quitaron todos los puntos en los que podría haber controversia; dejó en claro que no se trata de una iniciativa propuesta por el gobierno, sino de un análisis hecho por la dependencia sobre las 218 iniciativas existentes. Añadió que se tomaron los proyectos más viables y se les incorporaron observaciones y “propuestas” para que el Poder Legislativo retome el proyecto.

Foto Francisco Olvera

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe, respondió así a la pregunta sobre si una reforma laboral no vendrá a menoscabar los derechos de los trabajadores: “Eso está por verse, vamos a ver si lo pueden hacer. No lo dé por hecho, no va ser tan sencillo. Primero que resuelvan otros problemas y luego que se metan con nosotros”.

A su vez, Patricio Flores, vocero de la CTM, diputado del PRI, integrante de la Comisión de Trabajo y dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, apuntó que “para los legisladores no existe ni siquiera una iniciativa de reforma y aunque anda por ahí circulando el famoso disquete, los legisladores no pueden retomar un estudio para iniciar una discusión”.

Planteó que si se quiere tener reforma laboral es preciso que se entregue una iniciativa en forma, porque el Legislativo no va a estar analizando artículos por separado de los diversos proyectos de ley presentados a la fecha.

Sin documento oficial no habrá análisis, dijo. “Incluso, algunos pensamos que no es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo, ya que con que se aplique bastaría”. Una modificación a este ordenamiento sólo tendría éxito si abona a afianzar los derechos de los trabajadores, no si los merma”, concluyó.