Agonizan en juzgados miles de amparos en contra de
la Ley del ISSSTE

A la fecha sólo se han atendido 140 demandas
Se busca diluir y desgastar la lucha, advierten afectados

Carolina Gómez y Patricia Muñoz Ríos

poco más de un año de que miles de inconformes con la aprobación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzaran a interponer amparos –sumando las dos etapas fueron más de 2.5 millones–, a la fecha los dos juzgados encargados de estos procesos sólo han atendido 140 demandas. Esto demuestra, según los quejosos, la “incapacidad” del Poder Judicial para actuar con “prontitud y justicia ante los reclamos de los trabajadores”, y evidencia una táctica tendiente a “diluir y desgastar la lucha”.

Cabe destacar que los asuntos atendidos sólo corresponden a amparos de la primera fase; de la segunda, a ninguno se le ha dado entrada. De las 140 demandas, 65 corresponden a amparos individuales y el resto son colectivos, esto es, paquetes de 100 demandas cada uno, por lo cual hasta el momento sólo se han dado suspensiones provisionales a poco más de 7 mil 500 quejosos.

La Ley del ISSSTE, la cual en el contexto de la reforma del Estado es considerada la primera reforma del Ejecutivo, fue presentada en la Cámara de Diputados por el priísta Samuel Aguilar Solís, el 15 de marzo de 2007; siete días después fue aprobada por esa Cámara y el 29 de marzo siguió el mismo camino en el Senado; fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado 31 de marzo.

Tras la aprobación vía fast track, de inmediato se desató una oleada de amparos para combatir lo que los trabajadores al servicio del Estado calificaron de “reforma lesiva” que limita el derecho a una pensión digna y deja en situación de “fragilidad” los derechos laborales, pues da inicio a un proceso paulatino de “involución de los sistemas de retiro y jubilación”.

También originó que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) establecieran a principios de mayo de ese año un plantón a las afueras de las oficinas centrales del ISSSTE.

Entre quienes interpusieron amparos tanto en la primera etapa –del 2 de abril al 17 de mayo de 2007–, como en la segunda –comenzó el 18 de enero de este año–, están la CNTE, a través de la Unión de Juristas de México (UJM), el STUNAM y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otros organismos gremiales. En total, en la primera fase el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reconoce que se interpusieron 169 mil 994 demandas, que corresponden a 459 mil 88 personas que promovieron esos recursos contra los efectos generales de la ley.

Según el Poder Judicial de la Federación, en la segunda etapa se presentaron 19 mil 589 demandas de amparo, hasta el 14 de febrero de este año, más 9 mil 532 que se recibieron en las oficinas de correspondencia común de los 29 circuitos judiciales del país.

En opinión de los abogados laborales, en la segunda etapa se interpusieron cerca de 2 millones de amparos y van en contra de los primeros actos de aplicación de la citada ley, ejecutados a partir del primero de enero de este año. Dichos actos se relacionan con las nuevas cuotas y aportaciones de los trabajadores al ISSSTE, las cuales en general se incrementan de 3.5 a 6.125 por ciento, en lo relativo sólo al seguro de retiro, y en general aumentan de 8 a 10.625 por ciento en los demás seguros y prestaciones.

Otro de los actos de aplicación combatidos mediante los amparos es la obligación que establece la ley respecto de que del primero de enero al 30 de junio de 2008, los trabajadores deben optar por los regímenes del artículo décimo transitorio o por el llamado “Bonoissste”; ambas opciones son nuevas y diferentes a las que establecía la ley abrogada de 1983.

Según los quejosos, estas nuevas opciones reducen la cuantía de las prestaciones que los trabajadores hubieran alcanzado con la anterior ley; el tercer acto que reclamaron fue la transferencia de los fondos del SAR 92 y FOVISSSTE al Banco de México, y de éste al Pensionissste, el cual empezó a operar el 11 de marzo de este año.

Ante la gran cantidad de amparos se procedió a instalar dos instancias judiciales para abordar estos recursos: los juzgados primero y segundo de distrito auxiliares. El primero empezó a operar en mayo de 2007, y el segundo en octubre del mismo año, pero derivado de que “no se han dado abasto”, hace algunas semanas el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, anunció que se abrirían dos nuevos juzgados para atender los amparos que se presentaron este año, lo cual aún no se concreta.