El CJF acordó separarla de su cargo con el argumento de insanidad mental y física
En una resolución inédita, la Corte da marcha atrás a fallo contra magistrada
Ordena que otro ministro elabore un nuevo proyecto de dictamen, pero basado en la ley
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó otra decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); esta vez rechazó separar de su cargo a una magistrada de circuito por “insanidad mental y física”, al considerar que se violaron sus garantías de debido proceso y de audiencia.
En una resolución inédita, los ministros desecharon el proyecto elaborado por Fernando Franco, que apoyaba la decisión del CJF (basada en el acuerdo general 74/2004) que lo faculta a iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa a los jueces y magistrados por el manifiesto descuido en el ejercicio de sus funciones, y cuando existan elementos “que hagan presumir que tales actos se realizaron a consecuencia de alguna enfermedad física o mental”, que por su naturaleza pudiera impedir el adecuado servicio de la función jurisdiccional.
Al comentar la decisión del pleno de revocar el proyecto de dictamen y ordenar la elaboración de uno nuevo –que en los hechos significa dar la razón a la magistrada–, un ministro consultado señaló que la causa de “insanidad” argumentada por el consejo es inaceptable en un régimen de derecho y que más bien parece tomada de un régimen totalitario.
Inclusive, hubo funcionarios judiciales que adelantaron que una vez que la Corte resuelva en definitiva el asunto, el pleno podría determinar la inconstitucionalidad del acuerdo general 74/2004 del Consejo de la Judicatura Federal que prevé, entre otras cosas, que cuando un funcionario se niegue a someterse a una revisión médica o a los estudios clínicos solicitados por la Dirección General de Servicios Médicos, se sobreseerá el procedimiento, con la consecuencia de que el consejo está en condiciones de iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativo que pueda concluir con la destitución del funcionario involucrado.
Asimismo, la posibilidad de que, “en cualquier fase del procedimiento especial, el funcionario pueda manifestar por escrito su voluntad de separarse voluntaria y definitivamente de su cargo”, lo que le permitirá acogerse de forma “expedita” al retiro voluntario a que tuviere derecho, según establece el acuerdo que fue aprobado bajo la presidencia de Mariano Azuela.
“Sujetos” de malos tratos
En este asunto, la magistrada de circuito María del Carmen Torres Medina impugnó la resolución del 23 de mayo pasado, emitida en el procedimiento especial 1/2005, por medio del cual quedó separada de manera definitiva de su cargo.
Los consejeros también tomaron en cuenta el expediente de denuncia 8/2005, “en el que 12 oficiales judiciales, dos actuarias, cuatro secretarios de tribunal, el oficial de partes y la oficial de acuerdos, todos del segundo tribunal colegiado del octavo circuito, refirieron recibir malos tratos por parte de la magistrada, por ser prepotente, déspota y a veces grosera.
Para el Consejo de la Judicatura Federal, esa denuncia era “un indicio de que el padecimiento que al parecer tiene la magistrada ha provocado conflictos en lo personal y probablemente afectado el desarrollo de las funciones del tribunal”.
El 3 de octubre de 2006 fue suspendida seis meses de su cargo con goce de sueldo “para someterse a un manejo integral de diagnóstico y tratamiento en el ISSSTE”, y el 23 de mayo pasado fue separada de su cargo de manera definitiva.
La decisión fue impugnada con el argumento de que se violaron sus garantías de debido proceso legal, porque le fue negada su garantía de audiencia, y además porque en ninguna ley se establece como causa de cese el estado de salud.
Además, el “retiro forzoso” estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se prevé únicamente cuando los juzgadores alcanzan los 65 años de edad, y no por el estado de salud.
De entrada, en la sesión de ayer, seis ministros votaron en contra del dictamen, que era favorable al Consejo de la Judicatura Federal, y por ello se ordenó que otro ministro elabore un nuevo proyecto en el que se tomen en cuenta las irregularidades detectadas en el asunto, a fin de ordenar a los consejeros que dejen sin efecto su decisión e inicien un nuevo procedimiento, pero basado en la ley.