La exigencia se fundamenta en una ley de 2000
Demandan ONG residencia para migrantes agredidos
Los Angeles, 20 de octubre. Organizaciones defensoras de migrantes presentaron hoy una demanda contra autoridades estadunidenses para que otorguen residencia a indocumentados por cooperar y ser testigos en casos de crímenes violentos.
La demanda fue presentada el martes ante el Tribunal Superior de Los Angeles por las organizaciones Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), Hermandad Mexicana Nacional y la salvadoreña El Rescate.
Los demandados son los departamentos de Seguridad Interna y de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. En la querella las organizaciones exigen la aplicación de la Ley de Protección a Víctimas de Tráfico y Crimen.
Los demandantes, respaldados por una ley aprobada en 2000 que otorga visas a quienes colaboren con agencias federales, buscan que se otorgue la estancia legal a los indocumentados que han sido víctimas de algún crimen violento.
De ganar la demanda, los afectados podrían recibir una visa para trabajar y vivir en este país sin temor a la deportación, y después de tres años podrán solicitar la residencia legal.
Colaboración con corporaciones policiacas
Entre los demandantes individuales están Jorge Rodríguez Ruiz y Eleuterio Rodríguez Ruiz, así como nueve personas de Texas y Arizona que han sido víctimas de actos violentos y han colaborado con la policía en la persecución de criminales.
Daniel Sharp, abogado de Carecen, explicó que en octubre de 2000 el Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa, pero luego de cinco años no se ha definido el reglamento para aplicarla.
Cuando se aprobó la reforma, la ley obligaba al entonces Departamento de Inmigración y Naturalización, dependiente del Departamento de Justicia, a entregar visas categoría U a quienes cooperaran con los cuerpos policiacos en la persecución de crímenes violentos.
"La idea es que los inmigrantes que tienen miedo de acercarse a la policía colaboren para que de esa forma las corporaciones den una certificación de que cooperaron y se pueda solicitar la visa U", comentó Sharp.
"No obstante, cinco años después no han puesto en marcha la ley, no han otorgado visas ni han publicado el reglamento", agregó.
Los representantes de las organizaciones demandantes indicaron que hay personas que han enviado cartas a las autoridades de inmigración para solicitar la visa U, pero no han obtenido respuesta.
"Lo único que les han dado es deferred action (una medida temporal para aplazar una acción legal) para que no los deporten, pero que puede acabar en cualquier momento", dijo el abogado.
Jorge Rodríguez, de 20 años, originario de Oaxaca, uno de los demandantes, fue víctima de un asalto con arma de fuego en el condado de Maricopa, Arizona, y obtuvo un certificado de la policía porque cooperó en la investigación, pero ahora enfrenta la deportación.
Cuando una persona ha sido víctima de un crimen violento y ha cooperado con las autoridades para detener a sus propios agresores tiene derecho a tramitar la visa U, "pero muchos no saben cómo solicitarla", insistió Sharp.