México D.F. Domingo 31 de octubre de 2004
En los dos incidentes más graves de su
mandato el gobernador no estaba en la entidad
El gobierno de Estrada Cajigal, entre el abandono y
la inexperiencia política
Contra toda crítica y advertencia sostuvo en
su cargo a Montiel López, acusado de proteger a narcos
CIRO PEREZ SILVA Y LA JORNADA MORELOS ENVIADO
Cuernavaca, Mor., 30 de octubre. Desde los primeros
días de su mandato, Sergio Estrada Cajigal definió el perfil
de su gobierno. Comenzó vestido como Drácula en una fiesta
de disfraces que el nuevo mandatario, el primero de un partido distinto
del PRI en la historia de Morelos, organizó en la casa oficial,
mientras dejaba en manos de sus colaboradores el destino del estado.
Si la experiencia de Estrada Cajigal en la arena política
era limitada, la de sus colaboradores era aún mayor. "Yo gobierno
con tres cabrones", confiaba entonces el panista a sus adversarios políticos;
"el secretario de Gobierno, el jefe de la Policía Ministerial y
uno que es medio pendejo, pero leal, el procurador de Justicia".
Esa coloquial revelación panista trasciende la
anécdota y fue por más de tres años la realidad del
estado.
La
operación política quedó en manos de Eduardo Becerra,
compañero de oficio del mandatario estatal como dueño de
un taller mecánico y centros de verificación vehicular; la
responsabilidad de la investigación policiaca y el manejo de la
seguridad del estado fue confiada a José Agustín Montiel
López, acusado de proteger a bandas de criminales y de torturar
a centenares de ciudadanos en Guerrero, primero, y en Morelos, después;
el papel de procurador general de Justicia recayó en Guillermo Tenorio
Avila, abogado penalista, hijo de un notario público y elegido por
el Congreso para una función que Becerra y Montiel López
se encargaron de atender.
Para la Secretaría de Desarrollo Económico,
Estrada Cajigal nombró a Gabriel Haddad Gorgi, miembro del consejo
de administración de una compañía italiana que confeccionaba
trajes y la cual quebró en 2002; y, para cerrar la lista de su primer
círculo, designó como jefe de asesores a Luis Camargo Seeman,
destacado empresario de la venta de sexo por teléfono, quien, como
la mayoría de quienes integraron su gabinete, tiene una particularidad,
la de carecer de trayectoria en el servicio público, pero fueron
amigos del gobernador morelense.
Esa particular conformación del equipo de trabajo
y la continua ausencia del gobernador devino una serie de irregularidades
administrativas que provocaron en la población una creciente inquietud,
por la presunción de negocios personales y enriquecimiento inexplicable
al amparo de su cargo, como se ha planteado reiteradamente en el Congreso
local; aumento del narcotráfico y asesinatos similares a los ajustes
de cuentas de la delincuencia organizada, que culminaron con la detención,
por parte de la Policía Federal, de José Agustín Montiel
López, por su presunta responsabilidad en la protección de
bandas delincuenciales, homicidio y tortura, entre otros delitos.
Un ejemplo del estado de abandono en que dejaba a Morelos
se refiere a una de las muchas visitas que Estrada Cajigal hizo a sus hijos
en Guadalajara, Jalisco, donde radican desde que su ex esposa, Mónica
Bartnin, decidió separarse del mandatario luego de que éste,
en un arranque de ira, la golpeó. En uno de tantos viajes Estrada
Cajigal dejó en manos de su secretario de Gobierno la responsabilidad
de dirigir al estado.
Sin embargo, Eduardo Becerra también decidió
viajar. Se desplazó a Centroamérica para presenciar un encuentro
de futbol en el que participó la Selección Nacional, con
lo que Morelos quedó a la deriva.
Los cercanos al gobernador, e inclusive sus detractores,
le reconocen un "gran carisma", aunque no dejan de señalar que se
trata también de una persona obstinada e "incapaz de tolerar una
crítica". Este último rasgo, coinciden, lo llevó hasta
su situación actual, la de haber sido destituido por el Congreso
y puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Morelos
para que se le investigue por omisión respecto del proceder de Montiel
López, proceso que culminó la Cámara de Diputados
local el pasado domingo y que espera, para su aplicación, que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva una controversia
constitucional que interpuso la defensa del aún gobernador.
Hasta abril de 2004, Estrada Cajigal había sorteado,
con mayor o menor éxito, una serie de conflictos sociales que tuvieron
lugar, prácticamente todos, mientras estaba ausente del estado.
Destacan dos: el desalojo violento de un grupo de ambientalistas defensores
del ex Casino de la Selva, quienes se oponían a la construcción
de una tienda de autoservicio. El gobierno del estado detuvo a 40 de estos
activistas, a quienes acusó de "asonada, motín" y otros delitos
que el Ministerio Público no pudo comprobar, por lo que finalmente
fueron absueltos.
El segundo conflicto se dio en enero de 2004, cuando la
policía irrumpió en Tlalnepantla, en la zona de los altos,
para recuperar el palacio municipal que había sido tomado
por pobladores en el contexto de un conflicto poselectoral, cuyo saldo
fue un campesino muerto, mil 500 personas desplazadas y cientos de personas
detenidas.
Con pleno desconocimiento de la ley, el gobernador determinó
suspender garantías sin consultar al Congreso, y ordenó cateos
y aprehensiones al margen de la ley.
Pero en abril un golpe venido del centro dio de lleno
en la línea de flotación de su equipo de trabajo. Uno de
los pilares que hasta entonces sostuvo su mandato fue detenido en la ciudad
de México por personal de la Procuraduría General de la República
(PGR) y, nuevamente, el gobernador fue el último en enterarse.
José Agustín Montiel López fue detenido
por su presunta responsabilidad en actos relacionados con la delincuencia
organizada, en su modalidad de narcotráfico, lavado de dinero
y homicidio.
"Hasta en 20 ocasiones, de manera personal, y una junto
con mis subprocuradores, le pedí (a Estrada Cajigal) que removiera
a Montiel, pues su actuación no era apegada a derecho", declaró
hace unos días el ahora ex procurador Guillermo Tenorio Avila.
Sin embargo, no fue la única persona que advirtió
al gobernador sobre el "trabajo" y los antecedentes de Montiel.
Desde el momento mismo en que este personaje apareció
en la escena morelense, Estrada Cajigal fue advertido del pasado de Montiel,
y no sólo lo defendió hasta en dos ocasiones en la tribuna
del Congreso, al rendir su primero y segundo informes de gobierno, sino
que llegó a nombrarlo públicamente como "el mejor policía
de la historia de Morelos".
Aseguraba que las críticas contra Montiel provenían
de personajes vinculados con la delincuencia organizada.
No le importó que la Comisión de Derechos
Humanos del vecino estado de Guerrero señalara los vínculos
de Montiel con la delincuencia organizada, o detallara los métodos
de tortura con que amedrentó a mentores en las cárceles de
aquella entidad, ni que desde la misma PGR le enviaran una tarjeta informativa
con el detalle de las actividades previas del hoy detenido en el penal
de máxima seguridad de La Palma, estado de México.
En una apretada síntesis, la PGR detalló
la responsabilidad de Montiel en "múltiples secuestros", asesinatos,
actos de corrupción, como venta de droga, tráfico de estupefacientes
e inclusive robo de ganado.
Aunque ninguna advertencia pareció suficiente para
el gobernador, quien sostuvo a Montiel contra todo y contra todos.
Ese mismo mes, un grupo de abogados interpuso ante la
Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra
Estrada Cajigal, que por mayoría de dos terceras partes determinó,
el domingo pasado, separar del cargo al gobernador por "omisión"
en el ejercicio de sus funciones, y que deberá convalidar o revertir
la SCJN, una vez que resuelva el recurso de controversia constitucional
que interpuso la defensa del gobernador.
Mientras tanto, Estrada Cajigal -el mandatario que, en
una entidad con una economía estancada, destaca como su mayor logro
que todo el jitomate que se utiliza en los McDonald's "procede del estado
de Morelos"- mantiene altos niveles de popularidad y, como nunca, ha recibido
el apoyo de su partido y del gobierno foxista para continuar al frente
del Poder Ejecutivo morelense.
Aunque para el Congreso local ya no sea un interlocutor
válido.
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