Arturo Alcalde Justinian

Corrupción laboral

Se huele, se ve, todo mundo la sufre pero muy poco se hace para evitarla. La corrupción en el mundo del trabajo crece día a día, junto con la informalidad laboral y el desempleo. Aun cuando genera una brutal violación de los derechos humanos, las comisiones nacional y locales en la materia no quieren oír hablar del asunto. Para las autoridades que tendrían la obligación de combatirla se concibe como un mal necesario.

La corrupción invade en distintas modalidades los circuitos laborales. Tiene su expresión más evidente en la figura de los líderes sindicales que gozan de altos ingresos y niveles de vida, sólo explicables por ser los beneficiarios de un sistema de relaciones y complicidades con empresarios, utilizando como intermediarios a sus abogados. También con autoridades, unas asociadas en este fructífero negocio y otras haciéndose de la vista gorda. El hecho es que nuestro país se distingue como el más corrupto del mundo en materia de relaciones laborales, con un dato escalofriante: 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo están viciados porque se celebran, revisan y terminan al margen de la voluntad de sus destinatarios, y en esta misma proporción los trabajadores no tienen posibilidad de elegir a sus representantes. La realidad cotidiana exhibe estas prácticas. No es necesario poner ejemplos.

En el espacio internacional, distintos organismos especializados, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Naciones Unidas a través de la representación de su Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos y las instancias encargadas de hacer cumplir el Acuerdo de Colaboración Laboral paralelo al Tratado de Libre Comercio, han insistido permanentemente en la necesidad de cambios para cumplir con los compromisos contraídos por nuestro país en diversos convenios internacionales. Sin embargo, subsiste una resistencia impresionante a dar pasos en favor del cumplimiento de dichos compromisos, ampliando la brecha entre la imagen internacional y la dura práctica nacional. El tema laboral es un tabú.

Tres parecen ser las propuestas más eficaces para transitar hacia un sistema de decencia laboral (utilizando el lenguaje de la OIT). En primer lugar, un mecanismo que garantice una justicia imparcial que sustituya a las actuales juntas de Conciliación y Arbitraje, que son juez y parte en los asuntos laborales colectivos, y constante fuente de corrupción, lentitud y subordinación. En el largo camino de la reforma laboral se hizo evidente que todos los caminos llevaban a Roma. En la medida en que se reflexionaba en los cambios, siempre se llegaba a la conclusión de que era fundamental un cambio institucional: contar con jueces honestos, eficientes e imparciales.

En segundo lugar, destaca el tema de transparencia y rendición de cuentas en materia gremial, a fin de suprimir los gigantescos recursos de los que se han apoderado líderes sindicales, y de los que suelen beneficiarse -también- los abogados empresariales que los regentean. La impunidad de estos eternos liderazgos deriva, en buena parte, de que ocultan sus convenios, patrimonios y reglas de funcionamiento, no sólo a la sociedad, sino especialmente a sus supuestos asociados. El argumento de la autonomía no puede justificar el estado de excepción que gozan. En tercer lugar resulta esencial promover una cultura de libertad sindical y de responsabilidad en el mundo del trabajo. Ambos conceptos son complementarios y vinculan de manera natural el derecho a la organización democrática, con acceso a la contratación colectiva, que es el medio de negociación en donde se concilian intereses en favor de los trabajadores, del sistema productivo nacional y de la sociedad en general.

No hay motivo para seguir rehuyendo en la agenda nacional el tema de la corrupción en el mundo del trabajo. Mantener los temores vigentes seguirá dificultando la modernización y democratización de la que tanto se habla, contribuyendo a que este hedor nauseabundo que trafica con el esfuerzo humano siga permeando nuestras vidas.

A punto de enviar esta colaboración, leí el artículo de Luis Hernández Navarro "122: fascismo constitucional" (La Jornada, 8 de octubre). No podía creer que en el artículo tercero transitorio de dicha reforma constitucional se impusiera cuál es el sindicato que deberá ser "titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales..." de los trabajadores de la educación en el Distrito Federal. Obviamente no le corresponde al legislador determinar hoy y para siempre qué sindicato debe representar los intereses de dichos trabajadores. El transitorio atenta, además de los convenios internacionales referidos, contra la propia Constitución Política vigente tanto en el apartado A (fracción XVI) como en el apartado B (fracción X). Ambos establecen claramente el derecho de los trabajadores para asociarse libremente conforme a sus intereses. Aprobar un transitorio con tal imposición, además de su incongruencia constitucional, sería el mayor atentado a la libertad sindical en la historia de nuestro país. Por lo visto hoy tenemos que leer los proyectos legislativos empezando por sus transitorios