Ana de Ita

Corporativismo con reglas de operación

Son más de 4 mil campesinas y campesinos que en caravana desde distintas regiones y estados llegaron el pasado lunes 4 de octubre a la ciudad de México para hacerse oír por los responsables de la política agrícola, de la política agraria y de la política social de este país. Vienen de Tlaxcala, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, estado de México, la Huasteca hidalguense y veracruzana, la Costa Grande y la Montaña de Guerrero, la zona maya de Quintana Roo, la selva de Chiapas, Puebla, Michoacán, Guanajuato, decididos a acampar en el Monumento a la Revolución, porque en sus regiones las instancias del gobierno federal no los atienden.

Estos hombre y mujeres del campo, ejidatarios y comuneros, productores de maíz, frijol, café, ganado, miel, hortalizas, frutales, agaves, madera, artesanías, tienen en común que forman la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), una de las organizaciones que impulsaron de manera decidida el movimiento El campo no aguanta más, desde fines del año 2002, pero que decidió no firmar el Acuerdo Nacional para el Campo, con el que el gobierno dio por concluidas las demandas del movimiento.

"De nuevo estamos en la ciudad de México. Todo el esfuerzo que hicimos el año pasado no ha dado resultado. Estamos exigiendo un nuevo trato para el campo. Las instancias responsables de la política para el campo nos quieren castigar por no haber firmado el acuerdo y vamos a permanecer aquí hasta tener respuestas a nuestras demandas", dijo Alberto Gómez, coordinador ejecutivo de la UNORCA.

Los integrantes de las organizaciones regionales explican que las delegaciones federales dan a la UNORCA un trato inequitativo; como represalia por no haber firmado el acuerdo, "nos quieren castigar y someter". El gobierno define cuotas diferenciadas de acceso a los proyectos y apoyos para las organizaciones, dependiendo de si firmaron o no el acuerdo. En algunas dependencias la proporción va de 80 contra 20. Estiman que el tope de recursos que existe para que las organizaciones de UNORCA puedan acceder a proyectos y apoyos no es ni la mitad de lo asignado a las organizaciones que firmaron el ANC.

Por ejemplo, las organizaciones ubicadas en distintos estados demandan acciones de vivienda rural o apoyo a los adultos mayores en Sedeso, pero la oferta para la UNORCA es, en el mejor de los casos, limitada. En otras ocasiones "no les dicen que no, pero no les dicen cuándo". Tratan de participar en los fondos concursables de la Sagarpa para conseguir un beneficio seco para café, para proyectos de reconversión de café tradicional en café orgánico, para fondos de acopio y comercialización, y en las delegaciones les informan que las reglas de operación no han salido, o que los recursos ya se acabaron. Para inscribir a nuevos productores y hectáreas al Procampo alterno también hay un techo financiero limitado, diferenciado por organización, independiente de la demanda real. Los proyectos para mujeres en la Secretaría de la Reforma Agraria también están atorados.

Los campesinos sostienen que cada vez es más difícil acceder a los recursos. Una vez que el presupuesto para el campo se define en la Cámara de Diputados, se establecen las reglas de operación. Los campesinos o las organizaciones se inscriben en algunos programas, otros deben concursarlos y elaborar proyectos. Pero en sus regiones la operación del presupuesto está mediada por posiciones políticas. "Haber rechazado firmar el acuerdo no nos hace perder la ciudadanía como mexicanos", afirma Brígida Chiautla, de Chilapa, Guerrero.

Hay casos como los de las comunidades tlapanecas, que no tienen asesores para elaborar proyectos. "Ya que los funcionarios no se despegan de las reglas de operación, ni aceptan solicitudes simples, devolvieron la mitad de los recursos argumentando que no hay demanda", comentó Félix Galeana, de San Luis Acatlán.

Los del ejido El Gallo, de Sinaloa, vienen a reclamar el robo de la cosecha de maíz y el Procampo por un influyente propietario privado, a quien la Reforma Agraria expropió recientemente tierras propiedad del ejido.

Estos viejos y nuevos agravios los reunieron otra vez en la ciudad de México para presentar ante cada dependencia las demandas globales de la unión que no son atendidas en cada uno de los estados. "Parece que el gobierno quiere a los campesinos en las calles de esta ciudad. Es la única forma en que nos escucha", sostiene Zohelio Jaimes, de Atoyac.

La gran protesta rural de enero de 2003 luchaba por la ciudadanización de la política, en donde los subsidios, apoyos, transferencias, proyectos, no son considerados una graciosa dádiva de los gobernantes en turno, sino un derecho de los campesinos que la sociedad retribuye por su trabajo. Sin embargo, "el gobierno del cambio" quiere mantener una política corporativa y clientelar. Como en tantos otros asuntos, esa sigue siendo una promesa incumplida.