Al asumir el cargo a principios de 2001, la prioridad central de la política exterior del presidente George W. Bush no era evitar el terrorismo o frenar la diseminación de armas de destrucción masiva; tampoco algunos de los otros objetivos que impulsó aquel año después de los ataques del 11 de septiembre al Centro de Comercio Mundial y el Pentágono. Más bien su prioridad era incrementar el flujo de petróleo enviado por los abastecedores extranjeros al mercado estadunidense. Durante los meses anteriores a su presidencia, Estados Unidos había experimentado severas insuficiencias de crudo y gas natural en muchos rincones del país, además de apagones periódicos en California. Por primera vez en la historia las importaciones de crudo aumentaron hasta representar más de 50 por ciento del consumo total, lo que provocó gran angustia por la seguridad de largo plazo en el abasto del país. Bush recalcó que enfrentar "la crisis de energía" de la nación era su tarea más importante como presidente.

Sus asesores y él consideraron que el abasto de petróleo era esencial para la salud y rentabilidad de las principales industrias estadunidenses. El argumento era que cualquier escasez energética podría tener severas y agudas repercusiones económicas en sectores como el automotriz, aerolíneas, construcción, petroquímica, transporte de bienes y agricultura. Se consideró entonces que el petróleo era especialmente crucial para la economía por ser la fuente de dos quintas partes del abasto energético estadunidense -y la mayor fuente de energía-, además de proporcionar la casi totalidad del combustible del transporte del país. Se percataban también del papel vital que el petróleo juega en la seguridad nacional por ser el propulsor de las formaciones de tanques, aviones, helicópteros y embarcaciones, columna vertebral de la maquinaria de guerra estadunidense.

"En los próximos 20 años America sufrirá una importante crisis energética", dijo el 19 de marzo de 2001 el secretario de Energía, Spencer Abraham, ante una reunión, al más alto nivel, en torno a la energía nacional. "Si no pudiéramos sobreponernos a este desafío, quedaría amenazada la prosperidad económica de la nación, se comprometería nuestra seguridad nacional y literalmente se alteraría la forma en que llevamos nuestra vida".

El torbellino energético de 2000-2001 lanzó a Bush a establecer el National Energy Policy Development Group (NEPDG), un grupo de representantes de gobierno, de alto nivel, con el encargo de desarrollar un plan de largo plazo que resolviera los requisitos de energía estadunidenses. Para encabezar este grupo, Bush escogió a su asesor político más cercano, el vicepresidente Dick Cheney.

Resuelto militante del Partido Republicano y antiguo secretario de Defensa, Cheney había sido presidente y ejecutivo en jefe de Halliburton Co., empresa de servicios en los campos petroleros, antes de unirse en 2000 a la campaña de Bush. Como tal, Cheney reclutó a altos ejecutivos de empresas vinculadas con el campo energético -como Enron Corp.- en busca de asesoría relacionada con asuntos importantes.

Conforme el NEPDG comenzó a revisar las políticas energéticas del país, sus miembros se percataron de que Estados Unidos se hallaba frente a una grave decisión entre dos caminos muy divergentes. Podía continuar por el camino que había transitado desde mucho tiempo atrás consumiendo cantidades crecientes de petróleo y -debido a la caída irreversible en la producción interna de crudo- hacerse más y más dependiente del abasto de importación. O podía buscar alguna ruta alternativa confiando en las fuentes renovables de energía para reducir gradualmente el uso del petróleo.

Es claro que el resultado de esta decisión tendría profundas consecuencias para la sociedad, la economía y la seguridad nacionales. Seguir el camino de siempre ataría mucho más estrechamente a Estados Unidos con los proveedores del golfo Pérsico y a otros países productores de petróleo, lo que impactaría la política de seguridad estadunidense. Buscar estrategias alternativas requeriría enorme inversión en tecnologías de generación y transportación de nuevas energías, lo que levantaría o desplomaría industrias enteras. De cualquier modo, el público experimentaría el impacto de esta decisión en la vida cotidiana y en la dinámica de la economía como un todo. Nadie, ni en Estados Unidos ni en otras partes, dejaría de sentir los efectos.

El NEPDG luchó con este dilema y terminó su informe en los primeros meses de 2001. Después de revisarlo cuidadosamente, Bush ungió el informe elevándolo al rango de Política de Energía Nacional (NEP. por sus siglas en inglés) y lo publicó el 17 de mayo. A primera vista, la NEP, o Informe Cheney, como se le nombra con frecuencia, parecía rechazar la dependencia creciente del crudo importado y favorecer en cambio el camino de la energía renovable. La NEP "reduce la demanda al promover la innovación y la tecnología para hacernos el líder mundial en eficiencia y conservación", declaró el presidente al momento de difundirla. Sin embargo, pese a toda su retórica conservacionista, la NEP no propone reducir el consumo de petróleo. Propone aminorar el paso en el ritmo de dependencia del petróleo importado impulsando la producción local mediante la apertura de reservas no explotadas en las áreas naturales protegidas.

La propuesta más importante de la NEP era incrementar la producción de crudo perforando en el Refugio Nacional Artico de Vida Silvestre (ANWR, por sus siglas en inglés), un área natural virgen e inmensa en el noreste de Alaska. Aunque esta propuesta generó enorme controversia en Estados Unidos por su deletéreo impacto sobre el ambiente, también permitió a la Casa Blanca argüir que el gobierno estaba comprometido con una política de independencia energética.

No obstante, un examen cuidadoso del Informe Cheney conduce a conclusiones muy diferentes. Aparte de la propuesta de explotar el ANWR, nada de lo planteado en la NEP contribuiría a disminuir significativamente la dependencia del petróleo importado. De hecho, lo opuesto es cierto: el objetivo básico del plan Cheney es encontrar fuentes adicionales externas de crudo para Estados Unidos. A fin de cuentas, Bush decidía con claridad el futuro de la conducta estadunidense en pos de energía. Conciente de que nada podrá revertir en el largo plazo la caída de la producción interna de crudo, y renuente a frenar la insaciable sed de productos derivados del petróleo que tiene el país, decidió continuar en el camino de depender más y más del petróleo extranjero.

INICIATIVA DE CONSERVACION: ¿HECHOS O FICCION?

El hecho de que el plan energético de Bush implique una dependencia mayor, no menor, del petróleo importado, no aparece a simple vista ni en los comentarios públicos del presidente en torno a la NEP, ni en los primeros siete capítulos del Informe Cheney. Es sólo en el capítulo ocho y final ("Fortalecimiento de las alianzas globales"), que se hace evidente el objetivo real de la política gubernamental. Aquí, el tono del informe cambia marcadamente, de una preocupación expresa por la conservación y la eficiencia energética a un énfasis explícito por asegurar más crudo de fuentes extranjeras. El capítulo comienza: "La seguridad energética nacional estadunidense depende del suficiente abasto de energía para cimentar Estados Unidos y el crecimiento económico global". El informe continúa diciendo: "Podemos fortalecer nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía global", trabajando con otros países para incrementar la producción global de energía. Es un mandato "hacer de la seguridad energética una prioridad de nuestro comercio y nuestra política exterior".

El Informe Cheney es muy cauteloso en torno al monto de crudo extranjero requerido. La única clave proporcionada por el texto es una tabla de consumo neto de petróleo y de producción real estadunidense a lo largo del tiempo. Según estos datos, la producción interna de los campos petroleros decrecerá de 8.5 millones de barriles por día (mbd) en 2002 a 7 mbd en 2020, mientras que el consumo crecerá de 19.5 mbd a 25.5 mbd. Eso sugiere que las importaciones u otras fuentes de energía, tales como los líquidos de gas natural, deberán crecer de 11 mbd a 18.5 mbd. Casi todas las recomendaciones del capítulo 8 de la NEP proponen pbtener este incremento de 7.5 mbd, lo que equivale al total de crudo consumido por China e India.

Un tercio de las recomendaciones del informe se relacionan con las maneras de obtener acceso a fuentes de petróleo en el extranjero. Muchas de las 35 propuestas son específicas a regiones o países, y enfatizan la necesidad de retirar obstáculos políticos, económicos, legales y logísticos. Por ejemplo, la NEP hace un llamado a los secretarios de Energía, Comercio y Estado a "profundizar el diálogo comercial con Kazajastán, Azerbaiján y otros estados del Caspio para propiciar un clima de negocios fuerte, transparente y estable en aras de establecer proyectos de energía y otros relacionados con infraestructura".

El Informe Cheney tendrá un profundo impacto en el futuro de la política militar y exterior estadunidense. Los funcionarios tendrán que negociar estas existencias foráneas y hacer arreglos para invertir, de tal modo que se incrementen la producción y las exportaciones. Tendrán que dar pasos para asegurar que las guerras, las revoluciones y el desorden civil no impidan las entregas extranjeras a Estados Unidos. Estos imperativos serán especialmente significativos para la política hacia el área del golfo Pérsico, la cuenca del mar Caspio, Africa y América Latina.

Aplicar el plan energético de Cheney tiene implicaciones importantes para la seguridad estadunidense y la política militar. Los países de los que se espera que abastezcan de petróleo dicha nación en los años por venir están desgarrados por conflictos internos, anidan fuertes sentimientos antiestadunidenses o entrañan ambas situaciones. Los esfuerzos por asegurarse fuentes adicionales de crudo foráneo seguramente conducirán a desórdenes violentos y a resistencia en muchas áreas de producción clave. Aunque los funcionarios estadunidenses prefieran evitar el uso de la fuerza en tales situaciones, pueden concluir que la única manera de garantizar un flujo continuo de energía es custodiar con soldados los campos petroleros y los oleoductos.

Para sumarle al dilema de Washington, es probable que los despliegues de tropas en áreas productoras de crudo causen resentimiento entre los habitantes de esos lugares que temen un resurgimiento del colonialismo o que objetan posiciones políticas particulares, tales como el respaldo estadunidense a Israel. Los esfuerzos por salvaguardar el flujo de crudo podrían ser contraproducentes, e intensificar (más que amainar) los desórdenes y la violencia locales.

EL GOLFO PÉRSICO

Actualmente, Estados Unidos obtiene sólo 18 por ciento de su petróleo importado del área del golfo Pérsico. Pero Washington tiene un interés estratégico en la estabilidad de la producción energética en la zona, pues sus principales aliados, incluidos Japón y Europa occidental, confían en las importaciones de ese enclave. Además, el gran volumen de exportación del Golfo ha ayudado a mantener relativamente bajos los precios mundiales del petróleo, lo que beneficia la economía estadunidense. Ya que la producción interna decrece, observa la NEP, el Golfo Pérsico "seguirá siendo vital a los intereses de Estados Unidos".

Estados Unidos ha jugado un papel significativo en los asuntos del golfo Pérsico durante mucho tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt forjó un acuerdo con Abdul-Aziz ib Saud, fundador de la moderna dinastía saudita, para proteger a la familia real contra sus enemigos internos y externos a cambio del acceso privilegiado al petróleo saudita. En los años subsecuentes, Estados Unidos acordó también proporcionar apoyo en la seguridad del Sha de Irán y de los líderes de Kuwait, Bahrain y los Emiratos Arabes Unidos (EAU). Estos acuerdos condujeron a la entrega de vastas cantidades de armas estadunidenses y, en algunos casos, al despliegue de fuerzas de combate en los países mencionados. (El vínculo de seguridad estadunidense con Irán se vio cercenado en enero de 1980, cuando el Sha fuera derrocado por las fuerzas militantes islamistas.)

La política estadunidense relativa a la protección de las existencias energéticas del golfo Pérsico no tiene ambigüedad alguna: cuando surge una amenaza, Estados Unidos hará uso de cualquier medio a su alcance para garantizar el flujo continuo de petróleo. Este principio, conocido como Doctrina Carter, fue articulada por vez primera por el presidente James Carter en enero de 1980, después de la invasión soviética a Afganistán y de la caída del Sha en Irán. Desde entonces es parte de la política estadunidense. De acuerdo con este principio, Estados Unidos usó la fuerza en 1987 y en 1988 para proteger los buques-tanque kuwaitíes de los misiles iraníes y de los ataques de las lanchas artilladas, y luego en 1990 y 1991 cuando sacó las fuerzas iraquíes de Kuwait.

Al explicar la necesidad de usar la fuerza en tales ocasiones, los funcionarios estadunidenses enfatizan la importancia del crudo del golfo Pérsico para la estabilidad y la prosperidad internas. "Nuestros intereses estratégicos en la región del golfo Pérsico, pienso, son bien conocidos, pero importa reiterarlos", dijo el entonces secretario de Defensa Cheney ante un comité del Senado en torno a servicios armados, el 11 de septiembre de 1990, cinco semanas después de iniciada la invasión iraquí de Kuwait. Además de los otros vínculos de seguridad con Arabia Saudita y sus vecinos, agregó: "Obviamente tenemos un interés significativo porque en el Golfo la energía está en juego". Irak poseía 10 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y adquirió otro 10 por ciento al apoderarse de Kuwait, explicaba el secretario. La ocupación de Kuwait colocaba a las fuerzas iraquíes a unos cuantos cientos de kilómetros de otro 25 por ciento de estas reservas, situadas en el este de Arabia Saudita. "Una vez que [el ex presidente iraquí Saddam Hussein] adquirió Kuwait y desplegó un ejército tan grande como el que posee, estuvo en posición de dictar el futuro de las políticas mundiales de energía, y consiguió una llave privilegiada de nuestra economía y de la de casi todas las otras naciones del mundo", resaltó. Cheney insistió en que Estados Unidos no tenía otra posibilidad que emplear la fuerza militar en defensa de Arabia Saudita y de otros Estados amigos en el área.

Cuando las fuerzas iraquíes fueron expulsadas de Kuwait, Estados Unidos adoptó la política de contener a Irak, poniendo en práctica severas sanciones económicas y zonas "sin vuelos" en el norte y el sur de Irak, con el fin de debilitar el régimen de Hussein y evitar nuevos ataques a Kuwait y a Arabia Saudita. Al mismo tiempo, Washington expandió sustancialmente su presencia militar y sus bases en el área del golfo Pérsico a modo de facilitar las futuras operaciones militares estadunidenses en la región. Lo más importante es que el Departamento de Defensa envió enormes cantidades de municiones a Kuwait y Qatar para que hubiera la posibilidad de enviar a combate grupos de tropas sin tener que esperar semanas o meses el arribo de equipo pesado.

A principios de la primavera de 2002, el gobierno de Bush concluyó que la política de contención no era suficiente para eliminar la amenaza que entrañaba Hussein para los intereses estadunidenses; se requería una acción más agresiva. Aunque se alegó mucho sobre la supuesta posesión iraquí de armas de destrucción masiva como razón central para actuar de esta manera, Cheney le confirió igual importancia a la seguridad energética estadunidense en su muy citado discurso del 26 de agosto de 2002. "Si las ambiciones [de Hussein, de adquirir armas de destrucción masiva] se cumplieran, las implicaciones para el Medio Oriente y Estados Unidos serían enormes", dijo en la convención de veteranos de guerras en el extranjero. "Es de esperar que -armado con un arsenal de estas armas de terror y sentado encima del 10 por ciento de las reservas mundiales de petróleo- Saddam Hussein busque el dominio de todo el Medio Oriente, asuma el control de una gran porción de las existencias de energía mundiales y amenace directamente a los amigos de America en toda la región".

Los funcionarios dijeron al público que el petróleo no tenía nada que ver con las motivaciones para la invasión de Irak conducida por Estados Unidos y que comenzó en marzo de 2003. "El único interés de Estados Unidos en la región es impulsar la causa de la paz y la estabilidad, y no la capacidad [iraquí] de generar crudo", dijo Ari Fleischer, vocero de la Casa Blanca a fines de 2002. Pero una mirada más detallada sobre los planes gubernamentales de guerra revela un panorama muy diferente. En información táctica producida en enero, un "funcionario de defensa de alto nivel", no identificado, esboza planes estadunidenses para proteger los campos petroleros iraquíes en la eventualidad de una guerra, y resalta que los mandos del Pentágono revelaron que el general Tommy Franks y su equipo "identificaron estrategias que nos permitirán asegurar y proteger dichos campos lo más pronto posible, de modo de evitar su destrucción".

Dicho funcionario, que probablemente se trate del secretario adjunto, Paul Wolfowitz, indicó que el gobierno de Bush buscaba capturar intactos los campos petroleros iraquíes, y proporcionar así una fuente de ingresos para la reconstrucción del país. Bajo el régimen de Hussein, Irak era un importante abastecedor de petróleo para Estados Unidos y entregó un promedio de 566 mil barriles diarios en 2002, 5 por ciento del total de importaciones. Mucha gente en Washington esperaba obtener en el futuro más crudo de Irak. Según el departamento de Energía estadunidense, Irak posee reservas probadas de 112 mil 500 millones de barriles, más que cualquier otro país excepto Arabia Saudita, y se piensa que posee otros 200 mil millones de barriles en campos sin desarrollar. Irak podría convertirse en el principal abastecedor de crudo en las décadas venideras, si se estableciera en éste un gobierno estable que abriera su territorio para que algunas firmas estadunidenses lo explotaran.

Tal panorama está lejos de ser seguro. Los planificadores tienen el reto de asegurar que Arabia Saudita y otros productores del Golfo incrementen los abastos de petróleo de modo de corresponder con la creciente demanda estadunidense e internacional. Otro reto será proteger el régimen saudita contra el desasosiego interno y la insurrección.

Es particularmente imperiosa la necesidad de aumentar la producción saudita. Al contar con una cuarta parte de las reservas conocidas de crudo -se estima que unos 262 mil millones de barriles-, Arabia Saudita es el único país aparte de Irak capaz de satisfacer la siempre creciente demanda de petróleo. Según el Departamento de Energía estadunidense, la producción total neta de Arabia Saudita debe crecer en 133 por ciento en los próximos 25 años, de 10.2 mbd en 2001 a 23.8 mbd en 2025, para poder cumplir con los requisitos mundiales que desde hoy se anticipan para dicho periodo. Expandir la capacidad saudita en 13.6 mbd, algo que es equivalente a lo que ahora producen Estados Unidos y México juntos, costará cientos de miles de millones de dólares. También creará desafíos técnicos y logísticos enormes. Los analistas occidentales consideran que la mejor manera de lograr este incremento es persuadir a los sauditas de que permitan una inversión sustancial de las compañías petroleras estadunidenses. El Informe Cheney pide eso exactamente. Sin embargo, es muy probable que cualquier esfuerzo de Washington por aplicarle presión a Riad se tope con una renuencia significativa de la familia real, que nacionalizó los consorcios petroleros desde los setenta y teme ser considerada abiertamente servil hacia Estados Unidos.

Los fuertes vínculos estadunidenses con la familia real saudita son impopulares entre los muchos oponentes del régimen. Además, números crecientes de jóvenes sauditas se vuelven contra Estados Unidos por sus vínculos cercanos con Israel y lo que se considera un sesgo antislámico de Washington. Fue de este entorno del que Osama Bin Laden reclutó muchos de sus seguidores a fines de los noventa y obtuvo gran parte de su apoyo financiero. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el gobierno saudita quebró muchas de estas fuerzas, pero persiste una oposición subterránea a esta cooperación militar y económica entre Washington y el régimen. En los próximos años, hallar la forma de erradicar esta oposición mientras se persuade a Riad de aumentar sus remesas de crudo será uno de los retos más difíciles para los planificadores estadunidenses.

CUENCA DEL MAR CASPIO

Aunque Estados Unidos siga dependiendo del petróleo del área del golfo Pérsico por mucho tiempo más, los funcionarios buscan minimizar lo más posible esta dependencia diversificando las fuentes de energía importada por la nación. "La diversidad es importante, no sólo por la seguridad energética; también por nuestra seguridad nacional", declaró el presidente Bush el 17 de mayo de 2001. "La sobredependencia de cualquier fuente de energía, especialmente si es extranjera, nos hace vulnerables a las sacudidas en los precios, a interrupciones en los abastos y, en el peor de los casos, al chantaje." Para evitar esto, el plan energético del gobierno llama a un esfuerzo sustancial de Estados Unidos para que impulse la producción en varias áreas distintas al Golfo, incluida la cuenca del mar Caspio, la Costa occidental de Africa y América Latina.

Aquella que probablemente reciba mayor atención de los planificadores es la cuenca del mar Caspio, que consta de Azerbaiján, Georgia, Kazajastán, Kyrgizstán, Turkmenistán, Tajikistán, Uzbekistán y partes adyacentes de Irán y Rusia. Según el Departamento de Energía, esta área aloja reservas probadas (con 90 por ciento de probabilidad) de entre 17 y 33 mil millones de barriles de crudo, y reservas posibles (con un 50 por ciento de probabilidad) de 233 mil millones de barriles. De confirmarse estos montos, constituirían las segundas reservas no explotadas después del área del golfo Pérsico. Para asegurar que gran parte de ese petróleo fluya eventualmente a los consumidores de Occidente, el gobierno estadunidense hace ingentes esfuerzos por desarrollar la infraestructura petrolera y el sistema de distribución del área. Fue durante el gobierno de William Clinton que Estados Unidos comenzó a buscar acceso a las existencias de crudo del Caspio. Dado que el mar Caspio está encerrado por tierra, su petróleo y su gas natural deben viajar por oleoductos a otras áreas. Envasar dichos recursos requiere construir ductos de exportación en grandes distancias.

El gobierno era renuente a aceptar que el crudo del Caspio fluyera por Rusia en su camino a Europa occidental, pues esto daría a Moscú cierto grado de control sobre los abastos de energía a Occidente. Transportar este petróleo atravesando Irán estaba prohibido por las leyes estadunidenses debido a que dicho país buscaba contar con armas de destrucción masiva. Así que Clinton respaldó un plan para transportar crudo y gas desde Bakú, en Azerbaiján, a Ceyhán, en Turquía, vía Tbilisi, en la antigua república soviética de Georgia. Antes de abandonar el cargo, voló a Turquía y presidió la ceremonia de firma de un acuerdo regional que permitía la construcción de un oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhán (BTC) con un costo de 3 mil millones de dólares.

Mientras se concentraba en los aspectos logísticos y legales que le procuraran la energía del Caspio, el gobierno de Clinton afrontó también la amenaza que la inestabilidad y los conflictos de la región le significaban a las futuras entregas de crudo. Dado que muchos de estos estados eran desgarrados por conflictos étnicos y separatistas, el gobierno inició una serie de programas de asistencia militar dirigidos a fortalecer las posibilidades de su seguridad interna. Esto implicó proporcionar armas y entrenamiento, además de conducir ejercicios de maniobras conjuntas.

A partir de los esfuerzos de Clinton, el gobierno de Bush buscó acelerar la expansión de las instalaciones productivas y los oleoductos del Caspio. "Los inversionistas extranjeros y su tecnología son críticos para el rápido desarrollo de nuevas rutas comerciales de exportación viables", se afirma en el reporte Cheney. "Un desarrollo así garantizará que el crecimiento de la producción petrolera del Caspio se integre efectivamente al comercio mundial petrolero". Se hace énfasis particular en completar el oleoducto BTC y en incrementar la participación de las compañías estadunidenses en proyectos de energía en el Caspio. El gobierno también busca construir un oleoducto y un gasoducto de Kazajaztán y Turkmenistán en la costa este del Caspio, a Bakú, en la costa oeste, para canalizar más energía del Asia central al sistema BTC.

Hasta el 11 de septiembre de 2001, el involucramiento estadunidense en la cuenca del mar Caspio y en Asia central se había restringido en gran medida a acuerdos económicos, diplomáticos y militares. Para combatir a los talibanes y a Al Qaeda en Afganistán, el Departamento de Defensa desplegó decenas de miles de combatientes en la región y estableció bases militares en Kyrgizstán y Uzbekistán. El gobierno hizo llamar a algunas de estas tropas, pero aparentemente planea mantener bases y una presencia militar permanente. Se supone que esto busca ayudar en la guerra contra el terrorismo, pero es también una salvaguarda al flujo petrolero. El gobierno desplegó instructores militares en Georgia para proporcionar entrenamiento en contrainsurgencia a unidades especiales que cuidarían el segmento georgiano del oleoducto BTC.

La Casa Blanca tiene grandes esperanzas en el desarrollo de los abastos de energía procedentes del mar Caspio, pero quedan por resolver algunos obstáculos. Algunos de ellos son logísticos: hasta que puedan construirse nuevos oleoductos, será difícil transportar grandes cantidades de crudo a Occidente. Otros obstáculos son políticos y legales: los regímenes autoritarios que predominan en las antiguas repúblicas soviéticas rezuman corrupción y son renuentes a aceptar las reformas legales o fiscales necesarias para atraer, de Occidente, inversiones en gran escala. Pero aun resolviendo todo esto, el principal problema que enfrenta Estados Unidos es que la cuenca del Caspio no es más estable que el golfo Pérsico. Cualquier esfuerzo encaminado a la seguridad de las entregas de energéticos requerirá los mismos compromisos militares que Estados Unidos tiene con sus abastecedores del Golfo.

Africa occidental

Otra área que el gobierno de Bush avizora como prometedora fuente de crudo es Africa occidental. Pese a que los estados africanos fueron responsables únicamente del 10 por ciento de la producción global de crudo, el Departamento de Energía predice que su cuota crecerá a 25 por ciento hacia 2020. Esto añadirá 8.3 mbd a las existencias globales, buenas noticias para Washington. "Se espera que Africa occidental sea una de las fuentes de petróleo y gas que más rápido crezcan en el mercado estadunidense", se observa en el informe Cheney.

El gobierno espera concentrar sus esfuerzos en Nigeria, en sus vecinos en el golfo de Guinea y en Angola. Como en la región del Caspio, las expectativas estadunidenses de obtener crudo adicional de Africa podrían frustrarse a raíz del desasosiego político y las guerras étnicas. De hecho, mucha de la producción nigeriana tuvo que cerrar durante la primavera de 2003 a causa de la violencia étnica en la región del Delta, enclave de gran parte del crudo en tierra con que cuenta Nigeria. Los activistas locales han ocupado las instalaciones petroleras fuera de tierra para negociar financiamientos a proyectos comunitarios. El crimen y el vandalismo han empantanado los esfuerzos que hace Nigeria por incrementar la producción de crudo.

Estados Unidos no es propenso a responder a estos retos desplegando tropas. Eso sin duda evocaría imágenes de colonialismo, lo que provocaría fuerte oposición en casa y en el extranjero. Pero Washington sí piensa escalar la ayuda militar para los regímenes amigos en la región. La asistencia estadunidense total a Angola y Nigeria suma 300 millones de dólares para los años fiscales entre 2002 y 2004, incremento significativo sobre el trienio anterior. En el año fiscal 2004, Angola y Nigeria tienen la posibilidad de recibir armas sobrantes de acuerdo con el programa del Pentágono relativo al exceso de artículos de defensa. Entre tanto, el Departamento de Defensa comenzó a asegurar derechos para establecer bases navales en la región, sobre todo en Nigeria y en las Islas de Santo Tomé y Príncipe.

AMÉRICA LATINA

Finalmente, el plan Cheney llama a incrementar significativamente las importaciones estadunidenses procedentes de América Latina. Estados Unidos ya obtiene de esa región una gran tajada de su crudo importado. Venezuela es actualmente el tercer más grande proveedor de Estados Unidos, después de Canadá y Arabia Saudita; México es el cuarto abastecedor y Colombia es el séptimo. Como indicara el secretario de Energía Abraham, "el presidente Bush reconoce no sólo la necesidad de incrementar el abasto de energía, sino el papel crítico que el hemisferio jugará en la política energética del gobierno". Al presentarle estas aspiraciones a los gobiernos de la región, los funcionarios estadunidenses resaltan su deseo de establecer marcos de trabajo comunes en el desarrollo de energía. "Intentamos enfatizar el enorme potencial de una mayor cooperación regional en asuntos relacionados con la energía, de cara al futuro", dijo Abraham en la quinta Conferencia Hemisférica Ministerial de Iniciativas Energéticas en la ciudad de México, el 8 de marzo de 2001. "Nuestro objetivo es construir relaciones entre nuestros vecinos, que contribuyan a una seguridad energética compartida; que contribuyan también a un acceso adecuado, confiable, sólido en lo ambiental y que sea rentable". Pese a ser sinceros, estos comentarios enmascaran el hecho de que la "cooperación" se dirige esencialmente a canalizar más y más remesas de crudo, de la región a Estados Unidos.

El plan energético enfatiza la adquisición de petróleo adicional procedente de México y Venezuela. "México es una fuente confiable y pujante de petróleo importado", observa el Informe Cheney. "Sus vastas reservas, aproximadamente 25 por ciento mayores que nuestras propias reservas probadas, hacen de México una fuente probable de producción de crudo en expansión durante los próximos diez años". Venezuela se considera vital porque posee enormes reservas de crudo convencional y aloja vastas existencias del llamado crudo pesado, un material viscoso que puede convertirse en petróleo convencional mediante un costoso proceso de refinación. Según la NEP, "el éxito de Venezuela, convertir los depósitos de crudo pesado en comercialmente viables, sugiere que contribuirá sustancialmente a la diversidad de las existencias de energía globales y a nuestras propias existencias energéticas en el mediano o el largo plazo".

Pero los esfuerzos estadunidense por abrevar de las abundantes existencias energéticas mexicanas y venezolanas puede terminar en un revés importante. Debido a la historia de predación colonial e imperial, estos dos países han situado sus reservas de energía bajo control estatal, y establecieron fuertes barreras legales para la inversión extranjera en la producción interna de crudo. Aunque desean capitalizar los beneficios derivados de un mayor volumen de exportaciones a Estados Unidos, los países latinoamericanos son propensos a resistir una mayor participación estadunidense en sus industrias energéticas y en cualquier incremento significativo en la extracción de crudo. La NEP llama a los secretarios de Comercio, Energía y Estado a cabildear con sus contrapartes latinoamericanos con el fin de eliminar o suavizar las barreras existentes. Sin embargo, en México, las reformas que facilitarían la entrada de compañías petroleras privadas, se han topado con una dura resistencia en el Congreso. En Venezuela, la nueva Constitución adoptada en 1999 prohíbe la inversión extranjera en el sector petrolero, y en 2003, el presidente Hugo Chávez despidió a los administradores de la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA, que favorecieron nexos con firmas extranjeras.

EL VINCULO ENTRE LOS PLANES MILITAR Y ENERGÉTICO DE BUSH

En su búsqueda de petróleo, Estados Unidos se está entrometiendo en los asuntos de las naciones abastecedoras de crudo. En el proceso, se expone a mayores riesgos de involucrarse en conflictos regionales y locales. Esta realidad ya influyó en las relaciones estadunidenses con las principales naciones productoras de crudo y es seguro que tendrá en el futuro aun mayor impacto.

No hay ningún apartado donde la NEP reconozca este hecho. En cambio, se enfoca en las dimensiones económicas y diplomáticas de la política energética.

Sin embargo, los arquitectos de la política Bush-Cheney saben que asegurar su acceso a algunas fuentes petrolíferas puede resultar imposible sin el uso de la fuerza militar. La estrategia militar del gobierno asume el punto enfatizando fuertemente el requisito de proyectar capacidad de fuego en campos de batalla claves. "Estados Unidos debe retener la posibilidad de enviar fuerzas bien armadas y con buen apoyo logístico a puntos críticos por todo el globo, incluso frente a la oposición del enemigo", señala el Quadrennial Defense Review.

Estos puntos críticos necesariamente implicarán áreas que son fuentes de petróleo. Sea que el gobierno vincule conscientemente sus políticas de energía y seguridad o no, es indudable que Bush priorizó refinar la proyección del poder estadunidense mientras respaldaba un aumento en la dependencia del petróleo procedente de áreas inestables.

El resultado es que una estrategia de dos vías gobierna la política estadunidense hacia buena parte del mundo. Un brazo de esta estrategia es asegurar más petróleo del resto del mundo; el otro es refinar la capacidad de intervenir. Mientras que uno de estos objetivos surge de preocupaciones energéticas y el otro de aspectos de seguridad, resulta una dirección única: la dominación estadunidense en el siglo XXI. Es esta combinación de estrategias, más que ningún otro aspecto, lo que anclará las relaciones internacionales de Estados Unidos en los años venideros.
 

* Michael T. Klare es autor de Guerras de recursos: nuevo panorama del conflicto global y es profesor de estudios sobre la paz y la seguridad mundial en el Hampshire College de Amherst, Massachusetts (EU); es analista de asuntos militares de Foreign Policy in Focus (www.fpif.org)