La suspensión, tributo a la mafia de Miami, dice la isla

Cuba y EU se acusan mutuamente de la cancelación del diálogo migratorio

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 7 de enero. Cuba y Estados Unidos se acusaron hoy mutuamente de provocar la cancelación de la nueva ronda de pláticas migratorias, prevista para este jueves, y adujeron explicaciones antagónicas sobre el diferendo.

"El gobierno de Estados Unidos es el único responsable de la cancelación de esta ronda de conversaciones migratorias", indicó una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que empezó a circular la noche del martes y hoy publicó el diario oficial Granma.

La cancillería "reafirma la voluntad inequívoca del gobierno de Cuba de continuar honrando, como hasta ahora, el espíritu y la letra de los acuerdos migratorios" bilaterales, e instó a Estados Unidos a que "asuma una actitud similar".

En Washington el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, respondió a preguntas de la prensa que Cuba se ha negado a discutir cinco puntos de la relación migratoria, por lo cual el gobierno estadunidense concluyó que una nueva ronda de conversaciones "no servía a nuestros intereses.

"Aunque no hay nada en los convenios que requiera un calendario regular de reuniones, Estados Unidos está dispuesto a reconsiderar la planificación de una nueva ronda de pláticas migratorias, cuando Cuba nos informe que está de acuerdo en elaborar una agenda productiva, incluso con un compromiso para discutir esos cinco puntos", agregó.

Ambas versiones coinciden en que Cuba propuso el 8 de enero como nueva fecha de revisión semestral de los acuerdos bilaterales sobre migración (1994 y 1995), materia de la única mesa de diálogo y negociación entre Washington y La Habana.

También está claro que fue Estados Unidos quien canceló el encuentro.

Las reuniones se realizan alternadamente en esta capital y en Nueva York y no tienen impacto explícito en la aplicación de los acuerdos, que técnicamente siguen vigentes y obligan a las partes.

Pero la supresión de la siguiente ronda de pláticas tiene clara implicación política, al suspender, al menos temporalmente, el único punto de contacto regular y oficial entre los dos gobiernos, que se había sostenido sin interrupciones desde que fueron suscritos los acuerdos.

El futuro de esas conversaciones parece incierto. Mientras que la declaración cubana plantea en varias formas su interés en volver a la mesa, Boucher eludió responder a una pregunta sobre si se trataba de una "suspensión", "posposición" o "cancelación" de la cita.

Según los acuerdos, Estados Unidos debe otorgar al menos 20 mil visas en el periodo de octubre de 2003 a septiembre de este año a cubanos que residirán en ese país, y tiene que repatriar a los indocumentados que intercepte en alta mar.

En septiembre pasado Washington informó que había cumplido con esa cuota anual de visados, que se contabiliza según el calendario fiscal estadunidense. Un mes más tarde, el presidente George W. Bush anunció que aumentaría esa cifra de visados anuales.

Boucher dijo que en las pláticas migratorias Cuba rehúsa discutir estos "muy importantes asuntos": 1) los permisos de salida para emigrantes calificados, 2) una nueva inscripción para la lotería de visas, 3) la apertura de un puerto de mayor calado que el actual de Cabañas, para la entrada a Cuba de guardacostas estadunidenses con balseros interceptados en altamar, 4) la reposición de las suspendidas facilidades para que personal diplomático de Estados Unidos en La Habana viaje a observar la situación de ilegales repatriados, y 5) el regreso a la isla de emigrantes con algún historial delictivo, que Estados Unidos considera "excluibles" de internación.

Según el vocero del Departamento de Estado, Cuba ha rechazado la discusión de esos puntos, incluso en una nota diplomática del pasado 24 de octubre.

Pero la cancillería cubana tuvo una explicación radicalmente opuesta. Dijo que se trata de "temas sin la menor trascendencia" para la marcha de los acuerdos.

"Se trata, simplemente, de nuevos pretextos, totalmente insostenibles, dirigidos a agravar las tensiones entre ambos países", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores. "Cuba ratifica que ha estado y está dispuesta a debatir seriamente, con la profundidad y el tiempo requeridos, todos los temas mencionados.

Las interpretaciones sobre las causas del episodio también están en las antípodas. La cancillería cubana le atribuyó una carga electoral. Dijo que es "un tributo" del gobierno del presidente George W. Bush a la "mafia terrorista de Miami", el conglomerado político empresarial anticastrista con fuerte influencia en esa ciudad.

El anticastrismo de Florida "aprovecha el contexto electoral estadunidense para revertir por todos los medios, incluido el chantaje político más burdo, su derrota estratégica y su descrédito político y moral", agregó la declaración cubana.

Consultado al respecto, Boucher declaró que "no es un asunto electoral, sino un asunto de preocupación humanitaria".

La cancillería cubana insistió, además, en que "los verdaderos obstáculos" a la normalización del flujo migratorio hacia Estados Unidos son la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que otorga residencia a cualquier viajero de la isla que llegue a territorio estadunidense por cualquier vía, incluso ilegal y violenta, y la "irracional política" de pies secos-pies mojados.

Esa política se basa en que, según la Ley de Ajuste, los cubanos que pisan territorio estadunidense se quedan; pero, según los acuerdos migratorios, los interceptados en alta mar son repatriados.

La cancillería también exhibió una contra-agenda migratoria de temas "medulares y de vital importancia": 1) "dramática reducción" de visas para cubanos que intentan hacer visitas familiares a Estados Unidos, 2) la internación en ese país de algunos balseros interceptados en alta mar, 3) el aliento a la emigración ilegal desde radioemisoras anticastristas y 4) la falta de una "acción decisiva" contra traficantes de emigrantes.