La SRA tiene 422 asuntos en focos amarillos, dice el titular de la Reforma Agraria

Salazar Adame: en el caso Ramos Millán la Corte "exageró, pero hay que pagar"

Para los campesinos la dependencia es "la Secretaría de Gobernación para el campo"

MATILDE PEREZ U.

Florencio Salazar Adame, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) afirma que tiene varias acciones prioritarias en su agenda, entre ellas: ordenar la propiedad social, cumplir con las obligaciones jurídicas, como los pagos derivados de los litigios que se perdieron -como el de la familia Ramos Millán-, dejar una reserva territorial para asegurar el desarrollo de la infraestructura nacional y atender los conflictos sociales derivados de la tenencia de la tierra.

Para los campesinos es la "Secretaría de Gobernación para el campo", porque ayuda "a preservar la paz social". Sus tareas no son menores: "el Estado no puede ser autista y desaparecer la SRA", asienta en entrevista.

"La SRA tiene compromisos puntuales y concretos con los campesinos. Si el Congreso de la Unión decidiera cerrarla tendría que cumplir con obligaciones jurídicas, como los fallos jurídicos adversos derivados de las demandas interpuestas por propietarios a quienes se expropió la tierra sin pagar con oportunidad. Esas son obligaciones jurídicas ineludibles", acota.

Esta es la institución de los campesinos, abunda. "No lo digo como un deseo de señalar que es inamovible, pero hay que observar de manera puntual esta característica.

"Los cambios implican la liquidación de paradigmas y la búsqueda de otros. Uno de ellos es concluir con el ordenamiento de la propiedad social para terminar con los conflictos entre ejidos y comunidades o con particulares."

Comenta que hay 422 problemas considerados focos amarillos, pero pueden ser más, y por eso diferentes instancias del sector agrario están cruzando sus datos para tener información exacta y atenderlos para que no se conviertan en rojos y se repitan -como en otras regiones- hechos sangrientos.

Agrega que entre los juicios que perdió la SRA está el de la familia Ramos Millán, que llevó el despacho jurídico del senador Diego Fernández de Cevallos. "El fallo de la Corte es irreversible, tenemos la obligación de pagar, no tenemos alternativa y por eso se obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la anuencia de hacer depósitos anuales de 30 millones de pesos hasta cubrir el monto" de mil 200 millones de pesos.

El ex director del Plan Puebla-Panamá (PPP) afirma que los responsables del área jurídica de la SRA "sí defendieron adecuadamente los recursos públicos; la decisión de la Corte fue exagerada, pero hay que pagar.

"Jurídicamente no podemos hacer más", expresa con desaliento, y comenta que revisa el expediente para "saber dónde estuvieron las fallas, si hubo exceso en las decisiones judiciales y en el castigo; o bien si hubo indolencia, omisión o acciones de mala fe de funcionarios. Si así fuera, lo que haré es reportarlo a la Secretaría de la Función Pública, porque no se puede permitir que malos funcionarios sigan en la administración pública. No señalo ni hago acusaciones a nadie; sólo hablo de una presunción que pudiera surgir de la revisión del expediente".

Interesado en tratar de resolver los 13 conflictos agrarios que tienen varias décadas y que han ocasionado muertes, rencores entre pueblos e inseguridad regional, Salazar Adame considera que la tranquilidad social y la seguridad en la tenencia de la tierra son factores básicos para el desarrollo rural. "Lamentablemente la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no llevaron al campo las inversiones masivas previstas."

No se tuvo en cuenta que los campesinos tienen gran apego a la tierra, la consideran parte de su futuro, forma parte de sus luchas históricas e identidad; desprenderse de ella no es una decisión fácil y por eso siguen con ella.

Respecto a los temores expresados por autoridades ejidales, comunales y dirigentes de algunas organizaciones en torno a que el Plan Puebla-Panamá sembrará desolación en los pueblos, el político guerrerense expone que ese proyecto "no tiene como prioridad expropiar o entregar las tierras a trasnacionales. No se busca despojar a los campesinos de sus parcelas. El PPP tiene una gran visión de desarrollo regional integral".

Al igual que el ex embajador de Guatemala en México, Rómulo Caballero, Florencio Salazar asienta que el PPP no significa limitar la soberanía nacional, debilitar las naciones ni los gobiernos; "no somos menores de edad ni actuamos irresponsablemente; sabemos lo que nos conviene y con quién asociarnos para lograr el desarrollo". El PPP, afirma, "no es un proyecto perverso que va generar más pobres y a entregar riqueza a los inversionistas".

Sin embargo considera que ese plan tiene dos problemas: carece de una adecuada difusión en la que se expliquen sus fines a la población y terminar así con la especulación; además debe someterse a una consulta de carácter popular para saber cuál debe ser su visión de desarrollo y para preservar los derechos de los pueblos indígenas.

A pregunta expresa si aceptaría ser candidato por el Partido Acción Nacional al gobierno de Guerrero, Salazar Adame menciona: "Ser gobernador de mi estado natal es una aspiración vital, pero como político estoy obligado a conocer los tiempos y las circunstancias. Como titular de la SRA estoy sujeto a lo que el presidente Fox disponga y a lo que el partido decida. No busco la candidatura, pero si las circunstancias se dieran, aceptaría".