A análisis, planteamientos de la defensa del argentino

Resuelve la Corte "entrar a fondo" en el caso Cavallo

El martes podría definir si se le extradita o no a España

JESUS ARANDA

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron "entrar al fondo del asunto" en el caso Cavallo, por lo que no se limitarán a resolver sobre la extradición del ex militar argentino a la justicia de España, sino que analizarán los planteamientos expuestos por la defensa, del juez que otorgó la extradición únicamente por dos delitos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que insiste en entregar al acusado para que sea juzgado por los tres actos ilícitos por que inicialmente fue requerido.

El 29 de abril pasado, el pleno de ministros resolvió aplazar la resolución de la solicitud de amparo interpuesta por Ricardo Miguel Cavallo en contra de su posible extradición a España, en razón de que el ministro Sergio Salvador Aguirre planteó elementos que no habían sido discutidos previamente.

El pleno difirió una decisión que prácticamente estaba tomada por mayoría: negar el amparo y conceder la extradición de quien es considerado responsable de secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura militar argentina.

Inicialmente, la discusión se centró en otro aspecto: conceder la extradición sin que la SCJN fijara un criterio respecto al caso, o bien, entrar al fondo del asunto y que el máximo tribunal de justicia del país estableciera criterios que tienen que ver con el derecho internacional, la prescripción de los delitos, el análisis de crímenes de lesa humanidad, etcétera.

A partir de entonces, el pleno se abocó a estudiar el asunto en sesiones privadas, y finalmente determinó que la Corte analizara a fondo el asunto; fuentes judiciales consultadas confiaron en que el caso podría resolverse el próximo martes 10 de junio.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, el que se profundizara en la discusión impactó negativamente en la cohesión que había para extraditar a Cavallo.

Las opiniones se han dividido, e incluso se asegura que la decisión final no será unánime, sino por mayoría.

El proyecto inicial del ministro instructor Humberto Román Palacios coincidía en términos generales con la sentencia emitida el 12 de enero de 2001 por el juez José Guadalupe Altamirano, quien reconoció la extraterritorialidad del juez Baltasar Garzón para llevar el caso en contra del ex director de la Escuela Mecánica de Aviación de Argentina, a quien se acusa de torturar y dar muerte a ciudadanos argentinos y españoles.

También convalidaba la legalidad del Tratado de Extradición México-España y el reconocimiento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, acuerdo de la cancillería mexicana en el que declaró procedente la extradición.

Sin embargo, ahora los ministros tendrán que establecer si la extradición es únicamente por genocidio y terrorismo -que son los delitos por los que Cavallo sería juzgado en España-, como resolvió el juez Luna Altamirano, o bien, si se agrega el de tortura, el cual fue considerado prescrito por el juzgador.

Es decir, según versiones obtenidas en la SCJN, el máximo tribunal se abocará al tema de la prescripción de los delitos, lo cual inclusive podría servir de marco de referencia para los procesos penales en curso en México con motivo de la matanza del 2 de octubre de 1968, la represión contra maestros y estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia de los años 70.

Los ministros tendrán que analizar también los argumentos de la defensa del ex director del Registro Nacional de Vehículos, en el sentido de que el ex militar ya fue absuelto de los posibles delitos en su contra por la Ley de Punto Final, aplicada en Argentina; el que se le juzgaría dos veces por el mismo delito, lo cual es inconstitucional, y que en todo caso debería ser procesado en Argentina, no en España.

Por otra parte, en caso de que los ministros resuelvan el fondo del asunto, se evitaría que el asunto fuera turnado a un tribunal colegiado -aun cuando se concediera la extradición- para que analizara los aspectos de legalidad, con lo que se agilizaría la entrega del ex militar al gobierno de España.