José Antonio Rojas Nieto

Hacia una etapa de nacionalización eléctrica

Hace 42 años se nacionalizó la industria eléctrica para rescatar su objetivo fundamental que había sido vulnerado y violado por las compañías privadas: prestar el servicio público de energía eléctrica en condiciones óptimas de calidad, confiabilidad y costo, sin discriminación de ninguna clase y de ningún tipo. Además, dado el afortunado antecedente cardenista de creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ratificó que el instrumento privilegiado para cumplir ese objetivo sería la empresa pública de electricidad cuya misión es, precisamente, prestar ese servicio público. Todavía más, el Constituyente Permanente determinó que se trata de un servicio estratégico por lo que significa para la sociedad pero, asimismo, por lo que implica para el país, pues su control otorga un poder social a la nación misma, para enfrentar los intentos de dominio económico, social y político, no obstante la enorme dependencia tecnológica que vivimos, y buscar formas de interrelación y concurso en el ámbito mundial más justas y razonables.

Así entendida, la nacionalización de la industria eléctrica viene a ser una acción incontrovertible e inmanipulable, que explica el enorme esfuerzo nacional por lograr que todos los mexicanos dispongan de este servicio. Por fortuna hoy 95 por ciento de los mexicanos cuentan con éste, hecho que, más allá de falsas retóricas, representa una acción que nos hace sentir orgullosos tanto de los trabajadores de la industria eléctrica, como de la sociedad mexicana que hasta hoy ha dejado sentir su apoyo continuo e incondicional a esta medida, sin abandonar, por cierto, la crítica implacable pero justa cuando ese cometido no se logra o, acaso se cumple sin la continuidad, calidad y costos obligados.

Acaso por ello mismo, la mayoría de los mexicanos urge y reivindica una transformación de la industria y las empresas públicas que las perfeccione y las fortalezca, no que las minimice o las anule. Para ello exige que se les dote de renovados instrumentos para enfrentar el controvertido, volátil y especulativo mundo financiero, productivo y comercial de hoy, y profundizar su capacidad para prestar el servicio público de electricidad.

Hasta hoy la nación ha entendido que bajo este servicio público de electricidad se integran las actividades de generación, transmisión, transformación, control, distribución y comercialización; pero también las de planeación de la expansión, programación de obras e inversiones y diseño de tarifas. Y esto sin negar -no obstante la reciente controversia- la pertinencia de la coadyuvancia de los sectores privado y social, que no su control de la industria.

Los oradores del emocionante mitin del viernes pasado en el Zócalo de nuestra querida ciudad, luego de una marcha a la que asistieron más de cien mil personas, dejaron entrever con nitidez la posibilidad de impulsar lo que podríamos llamar segunda etapa de la nacionalización. Esta segunda etapa deberá profundizar los tres logros fundamentales de una primera etapa de más de 40 años de mexicanización de la industria eléctrica: 1) extensión e intensificación del servicio público de electricidad; 2) ecualización y normalización de su costo de producción; 3) optimización de la renta eléctrica en beneficio de la nación.

En primer lugar y como esencia política de la fundación de la CFE en 1937 y de la mexicanización de 1960, la nación ratificó la prioridad nacional de dotar del servicio público de electricidad a todos los mexicanos. Esto condujo a desarrollar esa maravilla que representa hoy el sistema interconectado nacional (organismo vivo y actuante de centrales generadoras, redes de transmisión, mecanismos de control, subestaciones, redes de distribución e instrumentos de medición) el que pese a la limitación explicable de no extenderse aún a la península de Baja California, hoy permite atender a 25 millones de usuarios que representan 95 por ciento de la población. Y para ello, todos los instantes de todas las horas, de todos los días de todos los años (recordemos que la electricidad no se almacena y cada instante debe producirse lo que cada instante se consume) y bajo un esquema que tiende a una optimización global, este sistema vincula entre sí todos los recursos naturales y tecnológicos para generar, transmitir, transformar, distribuir y suministrar el fluido eléctrico sin discriminación alguna.

Además, y bajo el paradigma de búsqueda del óptimo nacional que representa el segundo gran cometido de la nacionalización, esta interconexión eléctrica ha permitido el establecimiento -deberá seguir permitiéndolo-, de un costo de producción homogeneizado -siempre el menor posible- que, indudablemente garantiza la expansión, merced al pago de los usuarios, único mecanismo definitivo y lógico para ello.

Pero en tercer término -y bajo la búsqueda de un esquema de equidad social-, la mexicanización se planteó determinar socialmente el nivel del excedente eléctrico, ese que surge del uso de recursos naturales nacionales como la cuenca del Grijalva o los campos geotérmicos de Cerro Prieto o se deriva de aprovechamientos tecnológicos extraordinarios como los ciclos combinados. Se trata de un nivel de excedente eléctrico que ha permitido -también debe seguir permitiéndolo- la adecuada redistribución de esa riqueza que por determinación expresa se considera nacional. Consecuencia inmediata de ello es la existencia del subsidio eléctrico.

Por estas tres razones hoy no sólo es posible sino necesario abrir la segunda etapa de la nacionalización eléctrica. Para ello no se requiere cambiar la Constitución. De verdad.

rojasnyc@hotmail